Cuba: 90 millas de impunidad

Cuba: 90 millas de impunidad. El Régimen Cubano y sus Negocios con el Narcotráfico, el Terrorismo, Espionaje y el Fraude Multi Millonari

INTRODUCCIÓN: EL ESTADO COMO CÓMPLICE

Hay crímenes que se cometen en la oscuridad. Y hay crímenes que se cometen a la luz del día, protegidos no por la ausencia de testigos sino por la presencia de un pasaporte diplomático y la bandera de una nación soberana. Cuba lleva más de cuatro décadas en esta segunda categoría.

Este reporte no es una hipótesis ni una teoría conspirativa. Es una reconstrucción documentada a partir de acusaciones federales con número de causa, sentencias de cortes de Estados Unidos, investigaciones periodísticas verificadas, informes de organismos internacionales y testimonios judiciales. Lo que esa documentación muestra, cuando se lee en conjunto y sin concesiones políticas, es un patrón que va mucho más allá de la complicidad pasiva: un Estado que convirtió la criminalidad en instrumento de política exterior, que usó su soberanía como escudo para el narcotráfico, que ofreció refugio a fugitivos que vaciaron miles de millones de dólares de un programa federal de salud, y que exportó después ese mismo modelo a Venezuela con consecuencias letales para decenas de miles de personas.

La pregunta que este reporte busca responder no es si Cuba estuvo involucrada. La evidencia disponible responde esa pregunta con claridad suficiente. La pregunta es más incómoda: ¿por qué esa evidencia existe desde hace cuarenta años, incluye acusaciones formales ante un gran jurado federal y testimonios de narcotraficantes condenados, y aún así ningún funcionario cubano ha pisado un tribunal fuera de la isla?

La respuesta tiene un nombre: soberanía. Y la historia de cómo Cuba usó esa soberanía como ventaja operativa para el crimen organizado es lo que este reporte documenta, caso por caso, año por año, desde 1979 hasta el presente.

EL COSTO HUMANO: UNA NACION SECUESTRADA, UN PUEBLO CONDENADO AL EXILIO

Antes de seguir con los expedientes, los números de causa y los esquemas de fraude, es necesario detenerse un momento. Porque este reporte habla de estructuras criminales, de funcionarios y de redes de impunidad, pero detrás de cada una de esas palabras hay un pueblo. Un pueblo que no eligió nada de esto. Un pueblo al que le robaron el país antes de que pudiera defenderlo.

Cuba fue, en el primer tercio del siglo XX, uno de los países con mayor ingreso per cápita de América Latina (ASCECUBA Economic Studies, 2014, citando datos históricos del Banco Mundial). Tenía una clase media robusta, universidades de primer nivel, arquitectura de una belleza que aún hoy detiene a quien la mira y una cultura que irradiaba desde el Caribe hacia todo el continente. No era un paraíso sin fisuras —tenía desigualdad, corrupción y una historia de intervención extranjera que dejó heridas profundas— pero era un país con futuro, con movimiento propio, con ganas. Lo que el régimen instalado en 1959 hizo con ese país no fue una revolución social. Fue un saqueo de largo plazo, ejecutado con manual ideológico y bayoneta.

Hoy, más de dos millones de cubanos han abandonado la isla desde 2021 solamente. No huyeron de un huracán ni de una guerra convencional: huyeron de un Estado. Entre diciembre de 2021 y diciembre de 2023, Cuba perdió más del 10% de su población —de 11,181,595 habitantes a 10,055,968, según los propios datos de la Oficina Nacional de Estadísticas cubana, confirmados ante la Asamblea Nacional en julio de 2024. El demógrafo Juan Carlos Albizu-Campos, usando metodología independiente, estima que la cifra real es más cercana al 18%: apenas 8.62 millones de personas en la isla al cierre de 2023 (CEDA, 25 de julio de 2024). En 2024, salieron 251,221 más, con la tasa de natalidad más baja en 65 años —71,358 nacimientos frente a 128,098 muertes (CiberCuba, 23 de mayo de 2025). Los que se van son los más jóvenes, los más capaces, los que más tienen para perder y los que el régimen más les teme: el 77% de los emigrantes tiene entre 15 y 49 años (Global Affairs and Strategic Studies, Universidad de Navarra, 2024, citando datos del ONEI cubano).

El exilio cubano acumulado a lo largo de más de seis décadas suma hoy más de tres millones de personas. Es una de las diásporas más grandes del hemisferio en proporción a la población de origen, como se documenta en detalle en la sección “Familias rotas” de este mismo capítulo.

Los que no pudieron o no quisieron irse pagaron otro precio. Desde julio de 2021, cuando miles de cubanos salieron a las calles en las protestas masivas más grandes desde la revolución —gritando “Patria y Vida” y “Libertad” en más de 60 municipios simultáneamente— el régimen respondió con una represión que organismos internacionales documentaron con detalle clínico: más de 1,400 personas detenidas en los días inmediatos a las manifestaciones, más de 700 aún encarceladas un año después, centenares condenadas por cargos de “sedición,” “desorden público” y “desacato” en juicios sumarios que Human Rights Watch calificó de contrarios al derecho internacional (HRW, “Prison or Exile,” 11 de julio de 2022). Algunos comparecieron ante tribunales militares. Varios recibieron sentencias de hasta 25 años. Un manifestante, Diubis Laurencio Tejeda, de 36 años, murió bajo custodia policial durante las protestas.

Al cierre de agosto de 2025, Cuba tenía 1,185 presos políticos y de conciencia —la cifra más alta jamás registrada— según Prisoners Defenders, organización con sede en Madrid que lleva un conteo mensual verificado (CiberCuba, 11 de septiembre de 2025). De ese total, 472 presentan condiciones médicas graves y 41 tienen trastornos mentales severos sin tratamiento adecuado. Al menos 33 fueron detenidos siendo menores de edad. 122 son mujeres. Desde julio de 2021 hasta agosto de 2025, la organización ha documentado 1,882 individuos que han pasado por la condición de presos políticos en Cuba —casi todos ciudadanos sin afiliación política formal, encarcelados por protestar pacíficamente. En el primer semestre de 2025, se registraron 24 muertes bajo custodia estatal y 160 reportes de tortura, incluidos golpizas, negación deliberada de atención médica y tortura psicológica. De las víctimas de esos abusos, al menos 56 eran presos políticos (CiberCuba, septiembre de 2025).

La tortura en las cárceles cubanas no es un exceso aislado: es un método. Prisoners Defenders documentó 15 tipos distintos de maltrato y tortura en su primer informe comprensivo sobre el tema, presentado ante el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura en marzo de 2022 (Havana Times, 2 de junio de 2023). El Departamento de Estado de Estados Unidos, en su informe de derechos humanos de 2024, registró entre los abusos documentados: “ejecuciones arbitrarias o ilegales, desapariciones, tortura o trato cruel e inhumano, detención arbitraria, represión transnacional y restricciones sistemáticas a la libertad de expresión” (U.S. Department of State, Country Reports on Human Rights Practices: Cuba, 2024). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó en 2023 que el gobierno cubano es responsable de las muertes de los activistas democráticos Oswaldo Payá y Harold Cepero en 2012 —muertes que durante años el régimen presentó como un accidente de tráfico.

Mientras tanto, la cúpula del régimen no padece ninguna de estas carencias. GAESA —el conglomerado militar que controla el turismo, las importaciones, los supermercados de divisas y gran parte de la economía formal de la isla, como se documenta en detalle en este reporte— genera cientos de millones de dólares al año que no pasan por ningún presupuesto público fiscalizable. Los generales y funcionarios de alto rango tienen acceso a tiendas especiales, atención médica diferenciada, viviendas del Estado y divisas que el ciudadano común no puede ver ni tocar. El cubano de a pie, en cambio, enfrenta cortes eléctricas de hasta 20 horas diarias, desabastecimiento crónico de alimentos y medicamentos, y un salario estatal promedio equivalente a menos de 20 dólares mensuales al cambio del mercado informal (CiberCuba, enero de 2025; confirmado por Reuters, julio de 2024).

FAMILIAS ROTAS, VIDAS ROTAS, VIDAS COMENZADAS DE CERO

La separación familiar es quizás el crimen más silencioso del régimen cubano, y el más masivo. Desde que Fidel Castro tomó el poder el 1 de enero de 1959, Cuba no ha dejado de expulsar a su propio pueblo. Lo que comenzó como la salida de la clase acomodada se convirtió en décadas en una hemorragia que atravesó todas las clases sociales, todos los niveles educativos y todas las generaciones.

La primera gran fractura fue inmediata. Entre 1960 y 1962, más de 14,000 niños cubanos fueron enviados solos a Estados Unidos por sus padres en lo que se conoce como la Operación Pedro Pan, la mayor evacuación de menores no acompañados en el hemisferio occidental en tiempos de paz (Smithsonian Institution; confirmado en Wikipedia, “Operation Peter Pan”). Sus padres esperaban reunirse en semanas. Muchos tardaron años. Algunos nunca lo lograron. Esos niños crecieron en hogares de acogida en Florida y Nueva York, aprendiendo inglés antes que el olvido, construyendo vidas en un idioma que no era el suyo para no perder el único que tenían.

Esa historia se repitió en cada oleada que siguió: los vuelos de la libertad entre 1965 y 1973, que trajeron a 248,100 cubanos a Estados Unidos (Migration Policy Institute, julio de 2017); el éxodo del Mariel en 1980, con 125,000 personas que cruzaron en cinco meses; la crisis de los balseros en 1994, cuando más de 35,000 cubanos se lanzaron al Estrecho de Florida en embarcaciones improvisadas, de los cuales miles nunca llegaron a la orilla (Migration Policy Institute, julio de 2017). Cada oleada fue impulsada por el mismo motor: un régimen que no toleraba la disidencia, que no admitía la prosperidad independiente y que no ofrecía salida legal a quienes simplemente querían vivir sin miedo.

Hoy, según el Pew Research Center, hay 2.4 millones de personas de origen cubano en Estados Unidos, el 92% más que en el año 2000. De ellos, 1.3 millones nacieron en Cuba, cruzaron un mar o una frontera con lo que cabía en una maleta y la certeza de que no regresarían pronto (Pew Research Center, agosto de 2023). Solo en Florida viven 1.56 millones de cubanos, el 7.14% de la población total del estado (U.S. Census Bureau, 2025). En España residen cerca de 200,000 cubanos, con flujos de entre 25,000 y 30,000 nuevos llegados por año. En México, Brasil, Colombia, Argentina e Italia hay comunidades cubanas que empezaron de cero, sin historial crediticio, sin red de contactos, muchas veces sin documentos completos, y aun así lo hicieron.

Lo que el exilio cubano construyó desde nada tiene dimensiones concretas y verificables. Solo en el condado de Miami-Dade, los empresarios cubanoamericanos operan más de 117,000 empresas con ventas que superan los 51,000 millones de dólares, el 14.8% del total de ventas de empresas de propiedad hispana en Estados Unidos (Association for the Study of the Cuban Economy, ASCE). El 74.2% de las empresas de propiedad cubana en el país están en Florida. Médicos, ingenieros, abogados, arquitectos y maestros cubanos contribuyeron a la economía y al tejido social de sus países adoptivos con la misma energía que el régimen intentó sofocar en la isla.

Esa contribución también se midió en uniforme. Desde comienzos de la década de 1960, cubanos exiliados se enlistaron en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. En enero de 1963, un contingente de 900 cubanos llegó a la base de Fort Jackson, en Carolina del Sur, para recibir entrenamiento militar y, con él, la ciudadanía estadounidense (Richland Library, septiembre de 2023). Desde entonces, generaciones de cubanoamericanos han servido en todas las ramas del ejército en conflictos que van desde Vietnam hasta Irak y Afganistán. Según el Migration Policy Institute, Cuba figura entre los principales países de origen de veteranos nacidos en el extranjero que sirvieron en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Migration Policy Institute, mayo de 2024).

Ese mismo espíritu de servicio se extendió a las agencias de seguridad y al orden público. Cubanoamericanos han ocupado posiciones clave en el FBI, la DEA, el Departamento de Seguridad Nacional, el servicio de aduanas y en fuerzas policiales de todo el país. El detective Raúl Díaz, nacido en Cuba y formado en el Departamento de Policía de Miami-Dade, creó la CENTAC-26, una unidad élite de la DEA que desmanteló operaciones de narcotráfico de alto nivel durante las guerras de la cocaína en los años ochenta. Su trayectoria, de las calles de La Habana a la cima del combate antidrogas en Estados Unidos, es representativa de una comunidad que no llegó a pedir sino a contribuir.

En la política, el impacto es igualmente documentable. Desde 1989, diecinueve personas de origen cubano han sido elegidas al Congreso de Estados Unidos (Cuban Research Institute, FIU, enero de 2025). Entre ellos se cuentan el senador Marco Rubio, quien antes de convertirse en Secretario de Estado del segundo gobierno de Donald Trump representó a Florida durante catorce años en el Senado, el senador Ted Cruz de Texas, el representante Mario Díaz-Balart, con más de dos décadas en la Cámara, y la representante Ileana Ros-Lehtinen, quien en 1989 se convirtió en la primera cubanoamericana y primera latina elegida al Congreso de Estados Unidos, cargo que ocupó durante treinta años (Cuban Research Institute, FIU, enero de 2025; Wikipedia, “Ileana Ros-Lehtinen”). Bob Menéndez, nacido en Nueva York de padres cubanos, presidió el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Cubanoamericanos han servido también como embajadores, altos funcionarios del ejecutivo y jueces federales.

Detrás de cada empresa fundada, de cada rango militar alcanzado, de cada escaño conquistado, hay una familia que pagó el precio de la separación. Un abuelo que murió sin volver a ver a sus nietos. Una madre que llamaba desde La Habana cada semana durante veinte años porque no había dinero para el pasaje. Un joven que cruzó el Darién a pie, sin señal de teléfono, sin saber si llegaría, y llegó, y trabaja hoy en una ciudad que nunca había oído nombrar hasta el año en que huyó. Esas historias no tienen número de causa federal ni aparecen en los registros del DOJ. Pero son el costo real de lo que este reporte documenta: no el precio que pagó el régimen, sino el que pagó el pueblo.

LOS TRES ACTIVOS DEL MODELO CUBANO

El régimen cubano, desde los años setenta, desarrolló lo que los analistas de inteligencia denominan “narco-facilitación estatal”. No se trata de un cartel tradicional. Se trata de algo más sofisticado: un Estado soberano que pone a disposición de organizaciones criminales su territorio, infraestructura militar, frecuencias de radio, espacio aéreo y red de inteligencia, a cambio de dinero, armas, influencia política y la posibilidad de desestabilizar a sus adversarios, especialmente a Estados Unidos.

Lo que Cuba tiene que ningún cartel puede comprar fácilmente es soberanía. Cuando un avión cargado de cocaína aterriza en territorio cubano, no hay allanamiento posible. Cuando un fugitivo acusado de fraude millonario en Miami cruza el Estrecho de Florida, la extradición se vuelve virtualmente imposible. Cuando decenas de millones de dólares lavados terminan en cuentas de bancos cubanos, ningún juez de Florida tiene jurisdicción para recuperarlos.

La distinción analítica central es esta: hay una diferencia fundamental entre un Estado que tolera el narcotráfico —corrupción pasiva— y un Estado que lo instrumentaliza como política activa. La evidencia disponible coloca a Cuba con claridad en la segunda categoría.

El modelo descansa sobre tres ventajas estructurales que ningún cartel puede replicar por sí solo. El primero es el territorio soberano: sus cayos, costas y espacio aéreo están fuera del alcance de la DEA y la Guardia Costera, y ofrecen corredores seguros hacia Florida y Europa. El segundo es la capacidad de inteligencia y contrainteligencia: la Dirección de Inteligencia cubana, heredera del G-2, protege a sus socios criminales contra infiltraciones, asigna frecuencias de radio especiales y garantiza cobertura operacional activa. El tercero, y quizás el más valioso, es la impunidad jurídica permanente: sin tratado de extradición y sin voluntad política de entrega, Cuba ofrece un santuario donde el arresto deja de ser inevitable.

EL MARIEL: CUANDO EL RÉGIMEN EXPORTÓ SU PROBLEMA (1980)

Entre abril y octubre de 1980, el régimen cubano organizó el éxodo del Mariel, en el que aproximadamente 125,000 personas llegaron a Estados Unidos. Lo que muchos ignoran es que el régimen no simplemente abrió una válvula: controló activamente quién subía a los barcos, incluyendo presos comunes, pacientes psiquiátricos y personas catalogadas como “antisociales”, como operación política deliberada.

Diplomáticos estadounidenses presentes durante el éxodo, registrados en los archivos de la Asociación para el Estudio Diplomático y de Entrenamiento (ADST), describen cómo las autoridades cubanas clasificaron a los reclusos en categorías y dosificaron cuántos delincuentes y enfermos mentales incluirían en cada remesa (“A Flood of Cuban Migrants — The Mariel Boatlift, April-October 1980”, ADST, 25 de abril de 2015). No fue una fuga. Fue un envío dirigido. Como documentó uno de esos diplomáticos: “El régimen no simplemente dejó ir a la gente. Eligió exactamente a quién mandar.”

Las cifras federales posteriores revelan el tamaño real de lo que Cuba programó: de los 125,000 llegados, entre 16,000 y 20,000 tenían antecedentes penales según estimaciones del Sun Sentinel de 1985, recogidas en la entrada de Wikipedia sobre el Mariel boatlift. Cerca de 1,869 terminaron detenidos en la penitenciaría federal de Atlanta, según el Atlanta History Center. Un acuerdo bilateral firmado el 14 de diciembre de 1984 identificó a 2,746 personas para ser retornadas a Cuba, según el comunicado de la Casa Blanca de ese mismo día (Reagan Presidential Library, “Statement by Principal Deputy Press Secretary Speakes on an Agreement With Cuba Concerning Immigration and Refugee Matters”) y confirmado por el New York Times del 15 de diciembre de 1984.

Para las comunidades que vivieron ese período, el Mariel no fue una crisis migratoria: fue la transferencia forzada del problema carcelario de un Estado a otro, con costo pagado por civiles que no tuvieron voz ni voto en la decisión. Detrás de cada uno de esos 125,000 llegados hay una historia humana que las estadísticas no capturan del todo: familias de Miami que recibieron en sus casas a personas que jamás pidieron venir, comunidades que absorbieron una crisis que no crearon.

CUATRO DÉCADAS DE EVIDENCIA

Lo que sigue se construyó a partir de acusaciones federales, sentencias de cortes de EE. UU., reportajes verificados y documentos académicos. Cuando existe número de causa judicial, se consigna. Cuando una acusación no llegó a juicio, se indica.

1979 — Los primeros contactos con Medellín

En 1979, Carlos Lehder viajó a Cuba para acordar rutas aéreas y marítimas con el Cartel de Medellín. Según el borrador de acusación federal revisado por el Miami Herald y reportado por el Seattle Timesel 8 de abril de 1993, “Lehder viajó a Cuba en 1979 para negociar la apertura de una ruta de tráfico aéreo sobre la isla con funcionarios del gobierno cubano.” Lehder declaró posteriormente ante el gran jurado de Miami. Fue condenado a cadena perpetua más 135 años. Su testimonio confirmó que las reuniones en suelo cubano no fueron incidentales: fueron el punto de partida de una alianza operacional.

1982 — Primera acusación federal con número de causa

En noviembre de 1982, el Tribunal del Distrito Sur de Florida emitió la causa No. 82-643-Cr-JE contra 14 acusados, incluyendo al Vicealmirante Aldo Santamaría Cuadrado, Comandante de la Marina cubana. Los cargos cubrían la importación de cinco millones de pastillas de metacualona y marihuana a Florida entre 1979 y 1981. Ningún acusado pisó el tribunal. Cuba los mantuvo en la isla indefinidamente (“U.S. Drug Charges Cite 4 Cuban Aides”, New York Times, 6 de noviembre de 1982). En ese mismo año, la administración Reagan designó a Cuba como Estado Patrocinador del Terrorismo, citando el apoyo al M-19, al FMLN y la facilitación del narcotráfico. Cuba permaneció en esa lista hasta mayo de 2015.

1986–1989 — La red Ochoa y el juicio espectáculo

Entre 1986 y 1989, el General Arnaldo Ochoa y el Coronel Antonio de la Guardia organizaron el envío de aproximadamente seis toneladas de cocaína del Cartel de Medellín a través de Cuba. El propio Raúl Castro reconoció públicamente que “altos funcionarios” estuvieron involucrados. El 13 de julio de 1989, Ochoa, De la Guardia, Amado Padrón y Jorge Martínez fueron ejecutados por un pelotón de fusilamiento (“Firing Squad Executes Cuban Hero: Ex-General, 3 Others Shot for Roles in Drug Trafficking”, Los Angeles Times, 13 de julio de 1989). El Ministro del Interior Abrantes murió en prisión dos años después.

La paradoja jurídica no pasó inadvertida: Cuba no tenía pena de muerte para narcotráfico, de modo que el régimen usó el cargo de “traición” para ejecutarlos. Analistas especializados señalaron las ejecuciones como una eliminación de testigos. El volumen documentado en el proceso cubano fue de aproximadamente seis toneladas; el borrador de acusación federal de Miami consignó nueve toneladas o más (“The U.S. Drug Case Against Cuba”, Seattle Times, 8 de abril de 1993). La diferencia nunca fue explicada.

1993 — El borrador RICO que nunca se emitió

En 1993, el Gran Jurado Federal del Distrito Sur de Florida elaboró un borrador de 17 páginas bajo la Ley RICO (18 U.S.C. §§ 1961-68), acusando a Raúl Castro, Manuel Piñeiro “Barba Roja” y 13 altos oficiales por una conspiración de 10 años, 7.5 toneladas de cocaína y el uso de frecuencias de radio especiales asignadas a organizaciones narcotraficantes. “En retribución de sumas sustanciales de dinero, Raúl Castro explotó su posición oficial ofreciendo a los narcotraficantes el uso seguro de Cuba, incluyendo el espacio aéreo cubano, como lugar de transbordo de cargamentos de cocaína de cientos de kilogramos con destino a Estados Unidos”, indica el borrador según fue reportado por el Seattle Times (“The U.S. Drug Case Against Cuba — Smuggling Probe Names Raul Castro, Other Officials”, Seattle Times, 8 de abril de 1993). El borrador nunca fue emitido formalmente. Las razones documentadas incluyen dificultades probatorias y obstáculos políticos del Departamento de Estado. Raúl Castro gobernó Cuba hasta 2018 sin ser procesado.

1995–2009 — La oleada Medicare

A mediados de los años noventa, el FBI Miami comenzó a documentar una oleada sistemática de fraude al programa Medicare en el sur de Florida. Al cierre de la primera fase, en 2009, 85 empresas fantasma habían facturado $420 millones en servicios médicos inexistentes. Treinta y seis acusados huyeron con $142 millones en efectivo; al menos 18 se refugiaron en Cuba según el FBI. Para 2015, el Strike Force federal del Distrito Sur de Florida había procesado a 73 personas por $263 millones solo en Miami. El total nacional entre 2007 y 2015 superó los siete mil millones de dólares y 2,300 acusados. En 2012, una causa en el Distrito Sur de Florida rastreó directamente hasta el sistema bancario cubano un monto de hasta $63 millones: la primera vez que el dinero del fraude Medicare fue trazado hasta cuentas en Cuba (“Feds in Miami: Millions Stolen from Medicare Wound Up in Cuban Banks”, Palm Beach Post, 18 de junio de 2012; “Millions Stolen From Medicare Traced To Cuban Banks”, The Senior Citizens League, 12 de septiembre de 2012).

2015–2021 — De la normalización al retorno a la lista

En 2015, la administración Obama retiró a Cuba de la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo. La decisión fue política, no técnica: los fugitivos de Medicare en Cuba siguieron en Cuba; los jefes del ELN siguieron negociando en La Habana. El 17 de enero de 2019, un vehículo cargado de explosivos mató a 21 cadetes en la Escuela General Santander de Bogotá. El ELN asumió la autoría (“Bogotá car bomb: Colombia blames ELN rebels for deadly explosion”, BBC News, 18 de enero de 2019; “The ELN’s Attack on the National Police Academy in Bogotá and Its Implications”, Combating Terrorism Center at West Point, 6 de febrero de 2019). Cuba se negó a extraditar a los jefes de la organización que se encontraban en su territorio (“Colombia asks Cuba to extradite ELN rebels after bombing kills 21”, Al Jazeera, 20 de enero de 2019). En enero de 2021, el Secretario de Estado Mike Pompeo redesignó a Cuba como Estado Patrocinador del Terrorismo, citando explícitamente el refugio a jefes del ELN, los fugitivos estadounidenses en su territorio y el apoyo activo al régimen de Maduro (“U.S. Announces Designation of Cuba as a State Sponsor of Terrorism”, U.S. Department of State, 11 de enero de 2021).

2024–2025 — Nuevas condenas federales

El patrón de fraude Medicare no cesó. En marzo de 2025, Fernando Espinosa León, ciudadano cubano de 60 años, fue sentenciado a cinco años y diez meses de prisión y ordenado a restituir $7.6 millones por el esquema de Global Medical Supply ante el Tribunal del Distrito Medio de Florida (“Cuban National Sentenced To Over Five Years In $7.6 Million Medicare Fraud Scheme”, HHS Office of Inspector General, 24 de marzo de 2025). En mayo de 2025, Julián López recibió 30 meses por $3.2 millones a través de One Medical Services en el mismo distrito. El caso No. 16-cr-20267 ante el Distrito Sur de Florida concluyó con Ariel Nuñez-Finalet sentenciado a 36 meses tras su extradición desde España en noviembre de 2023; había huido a Cuba al ser acusado en 2016 y vivido allí durante años (“Fugitive Cuban national extradited from Spain and sentenced to 36 months’ imprisonment for health care fraud conspiracy”, U.S. Department of Justice / SDFL, 29 de marzo de 2024). Sus co-conspiradores Pedro Torres y Antonio Hevia siguen fugitivos en Cuba a la fecha de publicación de este reporte.

EXPEDIENTES JUDICIALES CON NÚMEROS DE PROCESO

Los siguientes casos son acusaciones formales o procesos documentados ante tribunales federales de Estados Unidos y ante la propia justicia cubana. Se consignan con el número de causa correspondiente para permitir su verificación independiente.

No. 82-643-Cr-JE — United States v. Santamaría Cuadrado et al. (noviembre de 1982)

Catorce personas fueron acusadas ante el Tribunal del Distrito Sur de Florida, incluyendo al Vicealmirante Aldo Santamaría Cuadrado, Comandante de la Marina cubana. Los cargos cubrían la importación de cinco millones de pastillas de metacualona y marihuana a Florida entre 1979 y 1981. Ningún acusado fue detenido ni compareció. Cuba los mantuvo protegidos indefinidamente. El mismo Santamaría presidió, siete años después, el consejo de guerra que ejecutó al General Ochoa en 1989, acusado de delitos casi idénticos. Esa paradoja quedó sin explicación judicial. Fuente: New York Times, 6 de noviembre de 1982, “U.S. Drug Charges Cite 4 Cuban Aides.”

Gran Jurado Federal, SDFL — Borrador RICO 1993 (United States v. Raúl Castro Ruz et al.)

Borrador de 17 páginas elaborado bajo la Ley RICO (18 U.S.C. §§ 1961-68), nunca emitido formalmente. Los acusados principales son Raúl Castro, Manuel Piñeiro “Barba Roja” y 13 altos oficiales. Los alegatos comprenden una conspiración de 10 años, 7.5 toneladas de cocaína y la asignación de frecuencias de radio especiales a organizaciones narcotraficantes. La razón de la no emisión fue una combinación de dificultades probatorias y obstáculos políticos del Departamento de Estado. Raúl Castro gobernó Cuba sin ser juzgado hasta su retiro en 2018. Fuente: Seattle Times, 8 de abril de 1993, “The U.S. Drug Case Against Cuba — Smuggling Probe Names Raul Castro, Other Officials.”

Consejo de Guerra Cubano — Cuba v. General Arnaldo Ochoa Sánchez et al. (1989)

Ochoa, De la Guardia, Martínez y Padrón fueron ejecutados el 13 de julio de 1989. La paradoja jurídica fue señalada desde el primer momento: Cuba no tenía pena de muerte para narcotráfico, de manera que el régimen utilizó el cargo de “traición” para ejecutarlos. El Vicealmirante Santamaría, acusado en Miami en 1982 por delitos similares, presidió el tribunal sin haber sido juzgado él mismo. El volumen documentado en el proceso cubano fue de aproximadamente seis toneladas de cocaína; el borrador federal de Miami consignó nueve toneladas o más. Fuentes: Los Angeles Times, 13 de julio de 1989, “Firing Squad Executes Cuban Hero: Ex-General, 3 Others Shot for Roles in Drug Trafficking”; Cunningham, “Trafficking for a Cause: A Historical Analysis of Cuban State-Sponsored Drug Trafficking,” Air University Journal of Indo-Pacific Affairs (JOTA), 2024.

Case No. 16-cr-20267 — United States v. Ariel Nuñez-Finalet et al.

Ariel Nuñez-Finalet acumuló más de $16 millones en fraude Medicare entre 2011 y 2014. Al ser acusado en 2016, huyó a Cuba y vivió allí durante años. Solo fue capturado en España en 2023, tras abandonar la isla. Fue extraditado el 21 de noviembre de 2023 y sentenciado el 29 de marzo de 2024 a 36 meses de prisión más $1,910,222 en restitución. Sus co-conspiradores Pedro Torres y Antonio Hevia siguen fugitivos en Cuba. Fuente: U.S. Department of Justice / SDFL, 29 de marzo de 2024, “Fugitive Cuban national extradited from Spain and sentenced to 36 months’ imprisonment for health care fraud conspiracy.”

SDFL, 2012 — Red de 70 empresas, lavado de hasta $63 millones hacia bancos cubanos

Lo que hace singular a esta causa no es el monto: es el destino. Rastrear dinero hasta un país donde el Estado controla absolutamente cada transacción bancaria tiene una sola lectura posible: si el dinero llegó, fue porque alguien lo dejó pasar. Esta causa constituyó la primera vez en que investigadores federales trazaron directamente dinero proveniente de fraudes Medicare hasta el sistema bancario cubano. El monto rastreado fue de hasta $63 millones a través de una red de aproximadamente 70 empresas fachada en Florida. Los fiscales aclararon no tener prueba directa de participación estatal, pero los expertos señalaron que esa magnitud no puede ingresar a los bancos cubanos sin el conocimiento del gobierno, dado que el sistema bancario está completamente controlado por el Estado. Fuentes: Weaver, Whitefield, Charles, “Miami Money-Laundering Case Spotlights Link Between Medicare Fraud And Cuba’s National Bank,” Miami Herald, 30 de junio de 2012; The Senior Citizens League, “Millions Stolen From Medicare Traced To Cuban Banks,” 12 de septiembre de 2012.

MEDICARE: EL CÍRCULO DEL FRAUDE Y EL REFUGIO

El FBI Miami comenzó a notar el patrón a mediados de los años noventa: clínicas de VIH, proveedores de equipos médicos y servicios de salud en el hogar en Miami-Dade y Broward presentaban cifras de facturación que no correspondían con ninguna realidad médica verificable. Lo que estaban viendo era un ecosistema criminal completo: empresas fantasma, reclutadores de pacientes en efectivo, médicos que firmaban prescripciones sin ver enfermos, y un sistema de fuga perfeccionado. El patrón no era espontáneo ni improvisado. Era una industria.

La concentración de personas de origen cubano en ese ecosistema no fue aleatoria ni puede explicarse solo por proximidad geográfica. Según la investigación de un año del Sun Sentinel de Fort Lauderdale publicada el 8 de enero de 2015 bajo el título “Plundering America: The Cuban Criminal Pipeline”, personas nacidas en Cuba representaban menos del 1% de la población total de Estados Unidos, pero concentraban el 41% de los arrestos a nivel nacional por fraude a programas de salud. En Miami-Dade, donde el 24% de la población había nacido en Cuba, ese grupo representaba el 73% de los arrestos por fraude al sistema de salud, el 72% de los casos de robo de carga, el 59% de los procesamientos por tráfico de marihuana y más de la mitad de los arrestos por fraude con tarjetas de crédito y seguros. Cuando una concentración estadística de esa magnitud aparece en múltiples categorías de crimen organizado, deja de ser una coincidencia y se convierte en evidencia de una red estructurada.

TRES DECADAS DE CRONOLOGIA DOCUMENTADA

La historia documentada del fraude cubano al Medicare se despliega en oleadas que los investigadores federales aprendieron a identificar solo después de haber perdido miles de millones de dólares. A mediados de los años noventa, el modelo operacional ya estaba trazado: abrir una clínica fantasma, conseguir un médico dispuesto a firmar, reclutar pacientes como cómplices pasivos y cobrar al Medicare servicios que nunca se prestaron. El umbral de entrada era mínimo. El umbral de castigo, aún más.

Los cálculos conservadores del Sun Sentinel, basados exclusivamente en órdenes de restitución emitidas en casos federales cerrados, arrojaron más de 2.000 millones de dólares robados entre 1994 y 2015 (“Plundering America: The Cuban Criminal Pipeline,” Sun Sentinel, 8 de enero de 2015). Alex Acosta, entonces fiscal federal del Distrito Sur de Florida, fue preciso en su declaración pública: solo en el sur de Florida, los ladrones del Medicare robaban más de 2.000 millones de dólares al año. No en total. Al año. Año tras año.

En 2007, un informante testificó ante un tribunal federal de Miami que el organizador de una red de $56 millones en el sur de Florida era Mario Aleman, oficial de la inteligencia cubana G-2. Aleman había regresado a Cuba. Nunca fue procesado. Ese mismo año, el Departamento de Justicia creó el Medicare Fraud Strike Force, una unidad federal permanente diseñada para perseguir fraudes de esta magnitud, reconociendo que el problema requería una respuesta institucional permanente (“Strike Force Formed to Target Fraudulent Billing of Medicare,” U.S. Department of Justice, 9 de mayo de 2007).

En 2010, una red cubana en Texas fue desarticulada tras defraudar $9 millones al Medicare. Su mecanismo era sofisticado: enviaban nacionales cubanos a distintas ciudades de Estados Unidos para abrir clínicas falsas de cáncer y VIH, cobrar al programa federal y desaparecer antes de que las alarmas se activaran. En 2011, fue desmantelada la red de Elizabet Lombera, que operaba desde Güines, Cuba, y había acumulado más de $12 millones en fraudes en menos de dos años. Cada caso revelaba la misma infraestructura: contactos en Cuba para reclutar operadores, redes de confianza étnica para sostener el secreto y un destino garantizado una vez que la operación debía ser abandonada (“Plundering America: The Cuban Criminal Pipeline,” Sun Sentinel, 8 de enero de 2015).

En 2012 ocurrió un momento definitorio: por primera vez, los fiscales federales lograron rastrear dinero de fraude al Medicare directamente hasta el sistema bancario cubano. El monto fue de hasta $63 millones, canalizados a través de una red de 70 empresas con base en Florida hacia cuentas en bancos cubanos. La investigación confirmó lo que los investigadores sospechaban desde años atrás: el dinero no se quedaba en Miami. Tenía un destino institucional en La Habana.

En 2015, el Strike Force del Distrito Sur de Florida procesó a 73 personas por esquemas que sumaban $263 millones. En junio de 2016, la operación más grande hasta entonces arrestó a más de 300 personas en todo el país. El monto total fue de $900 millones. En julio de ese mismo año, tres personas fueron formalmente acusadas en Miami por un esquema de $1.000 millones, el más grande hasta esa fecha en la historia del programa.

EL REFUGIO COMO SERVICIO DE ESTADO

Randall Culp, jefe del área de fraude de salud del FBI Miami, lo resumió sin ambigüedad en una entrevista con el Tampa Bay Times en 2009: “No one thought they were a flight risk.” Los acusados habían llegado como refugiados políticos. Los jueces les otorgaban fianza. Pagaban la fianza y cruzaban el Estrecho de Florida. Esa mecánica no fue una falla del sistema judicial: fue una explotación deliberada de sus reglas.

El FBI estimó que entre 30 y 50 fugitivos de fraude de salud huyeron a Cuba en el período más activo de las investigaciones. Una investigación paralela del Sun Sentinel identificó al menos 50 más que no figuraban en los cálculos del FBI. En total, más de 150 sospechosos regresaron a Cuba u otras partes de América Latina mientras sus casos estaban abiertos. Al momento de las investigaciones más completas disponibles, más de 500 personas nacidas en Cuba tenían órdenes de arresto federales pendientes, y otras 500 enfrentaban órdenes estatales en Florida por fraude y narcotráfico (“Plundering America: The Cuban Criminal Pipeline,” Sun Sentinel, 8 de enero de 2015).

El senador Charles Grassley lo vio con suficiente claridad en 2011 como para escribirle directamente al Fiscal General Eric Holder y a la Secretaria de Estado Hillary Clinton. Su pregunta era directa: ¿estaba el gobierno cubano facilitando o dirigiendo activamente el fraude al Medicare? La respuesta que recibió fue una no-respuesta. Grassley lo dejó registrado: “Es ya preocupante que el crimen organizado haya penetrado el fraude de salud. Es aún más perturbador si funcionarios de un gobierno extranjero también están facilitando o dirigiendo ese fraude” (“Plundering America: The Cuban Criminal Pipeline, Part III,” Sun Sentinel, 8 de enero de 2015). El Departamento de Estado no respondió con acciones. El patrón continuó.

EL ACUMULADO TOTAL: TREINTA AÑOS DE SAQUEO AL SISTEMA FEDERAL

El Medicare Fraud Strike Force, creado en marzo de 2007, procesó desde su fundación hasta 2025 a más de 5.400 acusados que facturaron de manera fraudulenta más de $27.000 millones en total (U.S. Department of Justice, “National Health Care Fraud Takedown Results in 324 Defendants Charged,” 30 de junio de 2025). Solo en el año fiscal 2024, las recuperaciones criminales del programa alcanzaron los $961 millones, el nivel más alto en diez años.

El operativo más grande de la historia del programa ocurrió en junio de 2025: 324 acusados en todo el país, con una pérdida prevista de $14.600 millones, de los cuales 73 acusados correspondían solo al Distrito Sur de Florida. Uno de los casos de ese operativo involucró una organización transnacional que utilizó propietarios ficticios en el extranjero para presentar $10.600 millones en reclamaciones falsas, explotando las identidades robadas de más de un millón de estadounidenses.

CASOS RESIENTES:NOMBRES, MONTOS Y CONDENAS

En marzo de 2025, Fernando Espinosa León, ciudadano cubano de 60 años, fue condenado a cinco años y diez meses de prisión federal. Su empresa, Global Medical Supply, presentó reclamaciones fraudulentas por $7,6 millones al Medicare entre 2016 y 2020. El tribunal ordenó la confiscación de $4 millones (“Cuban National Sentenced To Over Five Years In $7.6 Million Medicare Fraud Scheme,” HHS Office of Inspector General, 24 de marzo de 2025). En mayo de 2025, Julián López, ciudadano cubano de 55 años residente en Miami-Dade, fue condenado a 30 meses de prisión a través de su empresa One Medical Services: $3,2 millones en reclamaciones falsas y una orden de restitución de $1.496.412 dólares.

En julio de 2025, Magaly Travieso, de 54 años, fue condenada a nueve años de prisión federal. Su empresa, ProMed Healthcare, presentó entre 2019 y 2023 reclamaciones falsas por más de $20 millones. Las autoridades incautaron $6 millones en activos. En marzo de 2026, un tribunal federal de Miami revocó la ciudadanía estadounidense de Mirelys Cabrera Díaz, cubana residente en Hialeah, tras su condena por fraude al Medicare de $6 millones. La revocación de ciudadanía como consecuencia adicional a la condena penal marcó un precedente en la respuesta federal al fenómeno.

LA COMPLICIDAD DEL REGIMEN: DINERO QUE LLEGA A LA HAVANA Y NUNCA VUELVE

El Dr. Mehmet Oz fue el funcionario de mayor jerarquía en describir el patrón con el lenguaje de la complicidad institucional. En declaraciones a Fox News en febrero de 2026, fue directo: “Están facturando cinco millones de dólares en un mes por equipos inexistentes. Luego huyen a Cuba. Cuando intentamos recuperar el dinero, ya ha sido transferido al exterior” (“Medicare administrator accuses Cubans of fraud and fleeing to Cuba with the money,” CiberCuba, 27 de febrero de 2026). En abril de 2026, al ser entrevistado en Fox Business desde el sur de Florida, fue más lejos: “Creemos que el gobierno cubano está involucrado” (“Scandal in Florida: Possible links between the Cuban regime and Medicare fraud,” CiberCuba, 7 de abril de 2026; “Cuba rejects US claims of involvement in Florida healthcare fraud,” AFP, 9 de abril de 2026). Cuando las agencias federales intentan recuperar los fondos, el dinero ya está en Cuba. No es una falla de coordinación interagencial. Es el funcionamiento diseñado de un sistema donde La Habana actúa como destino de extracción y como escudo de impunidad al mismo tiempo.

Lo que los $63 millones rastreados hasta los bancos cubanos en 2012 demostraron fue que el dinero cruzaba el Estrecho de Florida a través de un sistema financiero controlado por el Estado cubano, específicamente por GAESA y el Banco Central, y que ese tránsito era imposible sin algún nivel de conocimiento y tolerancia institucional. El régimen cubano, que controla absolutamente todas las transacciones bancarias de la isla, no puede desconocer el origen del dinero que llega a sus bancos desde redes de empresas fantasmas en Miami. El no saber es, en sí mismo, una forma de cooperación.

GAESA: LA CAJA NEGRA DEL RÉGIMEN

El Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA) es el conglomerado empresarial controlado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias cubanas. Controla hoteles, aeropuertos, telecomunicaciones, remesas, comercio minorista y servicios bancarios. Documentos internos filtrados en 2025 y analizados por el Miami Herald y el economista Pavel Vidal del Cuba Capacity Building Project de Columbia University confirmaron que GAESA controlaba el 95% de las transacciones financieras en moneda extranjera del país y que sus ingresos totales eran 3.2 veces mayores que los ingresos anuales del presupuesto estatal cubano (CiberCuba, “GAESA: how a ‘socialist’ country ended up under the control of an opaque military conglomerate,” 21 de febrero de 2026). No publica estados financieros. No tiene auditoría externa independiente. No responde a ningún organismo de supervisión público.

La ruta operacional del dinero a través del sistema GAESA sigue un proceso de captura progresiva. Cuando alguien en Miami envía dinero a Cuba, la transferencia pasa por FINCIMEX, el intermediario cubano. Al llegar a la isla, el dinero se convierte en MLC —moneda libremente convertible— pero solo puede gastarse en tiendas y servicios controlados por el régimen: TRD Caribe, CIMEX, Gaviota. Los sobreprecios sobre el costo real de los bienes importados oscilan entre 300% y 500%. Las MLC recuperadas por el régimen se reconvierten en dólares o euros a través del Banco Central de Cuba. El dinero, cualquiera sea su origen, entra al sistema y no sale.

Lo que las investigaciones de inteligencia financiera documentan, con alta confianza analítica, es que el régimen diseñó ese sistema para que ningún flujo de divisas, sea cual sea su origen, escape al control del conglomerado militar. Los $63 millones rastreados hasta bancos cubanos en 2012 no ingresaron a ese sistema en paralelo al régimen; ingresaron a través de él. La relación operativa entre GAESA y la asesoría militar cubana en Venezuela se documenta en la sección “El eje La Habana-Caracas” de este reporte.

EL EJE LA HABANA–CARACAS: DE CHÁVEZ A MADURO

Si hay un capítulo en esta historia que ilustra hasta dónde puede llegar el modelo cubano cuando encuentra un Estado suficientemente vulnerable y rico, ese capítulo se llama Venezuela. Lo que Cuba construyó durante décadas —penetración de fuerzas armadas, control de inteligencia, uso del Estado como escudo— fue trasplantado, con adaptaciones locales, al corazón del gobierno venezolano.

LA ERA DE CHAVEZ: ACESORIA TOTAL A CAMBIO DE PETROLEO

Desde 1999, miles de asesores cubanos llegaron a Venezuela bajo la figura de médicos y maestros para los programas sociales chavistas. Pero bajo esa cobertura operaba una misión diferente: cuadros de la Dirección de Inteligencia cubana y oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias se encargaron de reorganizar los servicios de seguridad venezolanos, instalar sistemas de vigilancia sobre la propia tropa y diseñar los mecanismos de control político que Chávez necesitaba para consolidar el poder.

A cambio, Venezuela entregó a Cuba entre 90,000 y 115,000 barriles de petróleo diarios a precios preferenciales, según análisis del economista Daniel Lacalle (“How Maduro, Cuba and their allies stole Venezuela’s oil wealth,” dlacalle.com, 11 de enero de 2026). El petróleo venezolano no solo mantuvo encendidas las luces de La Habana; financió la capacidad operativa del aparato cubano de inteligencia durante una década y media.

LOS ACUERDOS DEL 2008, QUE LA UNO LEYO

En mayo de 2008, Cuba y Venezuela suscribieron al menos dos acuerdos militares secretos que transformaron la relación bilateral en una alianza operacional. Una investigación de Reuters publicada en agosto de 2019 reveló que esos acuerdos “otorgaron a Cuba un vasto acceso a las fuerzas armadas venezolanas y amplia libertad para espiarlas y reformarlas.” Bajo esos pactos, funcionarios cubanos fueron autorizados a entrenar soldados venezolanos, reestructurar agencias de inteligencia y construir un sistema de vigilancia interna enfocado en monitorear al propio ejército venezolano (“Havana’s intelligence and military ties exposed after Maduro raid,” Fox News, 5 de enero de 2026, citando investigación de Reuters, agosto 2019). La Misión Internacional Independiente de la ONU revisó físicamente esos documentos y confirmó su alcance, según documentó Havana Times en “The Footprints of Cuban Intelligence in Venezuela” el 15 de agosto de 2024.

El general retirado Antonio Rivero, exiliado en Miami desde 2014, fue categórico al declarar a Diálogo Américas: “En 2008, la presencia de personal militar cubano en Venezuela se consolidó a través de 15 acuerdos secretos entre Cuba y Venezuela para transformar las Fuerzas Armadas venezolanas y convertirlas en la misma estructura que funciona en Cuba.” El experto Francisco Cox, en testimonio documentado ante Amnistía Internacional, señaló que vieron físicamente el memorando de 2008 que habilitaba la creación de un nuevo cuerpo dentro de la DGCIM y el entrenamiento cubano en vigilancia, infiltración y determinación de objetivos militares.

Un informe publicado por Infobae en marzo de 2026, titulado “Petróleo por represión”, documentó que desde el tiempo de Fidel Castro y Hugo Chávez, el régimen venezolano utilizó hasta 105.000 barriles diarios de petróleo como moneda de pago a Cuba a cambio de adiestramiento de los cuerpos de seguridad, especialmente inteligencia y contrainteligencia.

LA ERA DE MADURO: DE LA ASESORIA A LA DEPENDENCIA TOTAL

Con la muerte de Chávez en 2013, Cuba no perdió influencia; la profundizó. Nicolás Maduro llegó al poder con una deuda política con La Habana que nunca ocultó. Los asesores cubanos siguieron presentes en los servicios de seguridad venezolanos, en la guardia personal de Maduro y en los órganos de inteligencia del Estado. La relación pasó de ser una alianza entre dos soberanos a una dependencia funcional: Venezuela sin Cuba no sabría cómo vigilar a sus propios militares.

EL CARTEL DE LOS SOLES Y LA HUELLA CUBANA

La captura de Maduro por fuerzas estadounidenses en enero de 2026 trajo consigo una precisión legal que el DOJ no había hecho antes: la acusación revisada abandonó el término “Cartel de los Soles” como organización formal y lo reemplazó por “una cultura de corrupción y un sistema de patronazgo” financiado por el narcotráfico. Esa distinción, aparentemente técnica, tiene una consecuencia analítica de primer orden.

Un sistema de patronazgo estatal sostenido por el narcotráfico, sin estructura formal de cartel, es exactamente lo que Cuba construyó durante décadas antes de que existiera el chavismo. La diferencia es que Cuba nunca fue capturada. Venezuela sí.

La participación cubana en el entramado criminal venezolano opera en varios niveles simultáneos. A nivel de doctrina, Cuba aportó la arquitectura conceptual: usar el Estado como cobertura para el tráfico, con negabilidad plausible. A nivel de inteligencia, asesores de la Dirección de Inteligencia cubana integrados en la DGCIM y el SEBIN proveyeron vigilancia interna y blindaje de jefes militares narcotraficantes contra infiltraciones de la DEA. A nivel de protección política, Cuba protegió a Maduro diplomáticamente y sus efectivos formaron parte de su seguridad personal. A nivel logístico, los cayos cubanos funcionaron como punto de tránsito histórico para cocaína venezolana en ruta hacia Europa y Estados Unidos, según análisis de la DEA documentados por Cunningham en el Air University Journal of Indo-Pacific Affairs (JOTA, 2024). Cuba no es un socio periférico del narcotráfico venezolano: es el modelo que lo hizo posible.

COLECTIVOS, TREN DE ARAGUA Y LA SOMBRA DE LA HABANA

El vínculo entre el régimen cubano y las estructuras criminales del Estado venezolano va más allá del Cartel de los Soles. La asesoría cubana en control social y represión también facilitó la consolidación de grupos paraestatales como los colectivos y la protección política de megabandas como el Tren de Aragua.

Los colectivos: brazo armado con doctrina cubana

Los colectivos venezolanos son grupos armados irregulares que operan en áreas urbanas bajo la tolerancia y el apoyo del Estado. Su modelo tiene un precursor directo en los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) cubanos, que desde 1960 funcionan como sistema de vigilancia social a nivel de cuadra. El informe de la Alta Comisionada de la ONU Michelle Bachelet publicado en julio de 2019 documentó que los colectivos “han contribuido al deterioro de la situación ejerciendo control social y ayudando a reprimir manifestaciones” (“UN Human Rights report on Venezuela urges immediate measures to halt and remedy serious violations,” OHCHR, 4 de julio de 2019). Testimonios de venezolanos que huyeron del país y análisis de Human Rights Watch documentan que los colectivos adoptaron tácticas de control comunitario y represión selectiva que los expertos reconocen como derivadas de la doctrina de seguridad cubana.

El Tren de Aragua: de prisión estatal a red transnacional

El Tren de Aragua nació dentro de la prisión de Tocorón, Aragua, con la tolerancia explícita del Estado venezolano (Encyclopaedia Britannica, “Tren de Aragua,” actualizado 9 de marzo de 2026; “Weaponized Chaos: The Rise of Tren de Aragua as Venezuela’s Paramilitary Instrument,” Center for a Secure Free Society, 18 de noviembre de 2025). En un sistema penitenciario donde el régimen entregó el control interno de las cárceles a las propias bandas, la organización creció hasta operar en Chile, Colombia, Perú, Ecuador y, más recientemente, en Estados Unidos. La lógica de dejar crecer a los grupos armados cuando resultan políticamente útiles, y luego exportar sus consecuencias, es exactamente la lógica cubana del Mariel, aplicada cuatro décadas después en Venezuela.

La pregunta que los analistas de inteligencia han comenzado a formular con mayor insistencia no es si el régimen venezolano permitió el crecimiento del Tren de Aragua, sino en qué medida la arquitectura cubana de seguridad del Estado enseñó a Caracas a no destruir a ese tipo de organizaciones sino a administrarlas.

CUBA Y LA ARQUITECTURA DE LA REPRESIÓN EN VENEZUELA: HOMICIDIOS, DESAPARICIONES Y TORTURA

Lo que Cuba instaló en Venezuela a partir de los acuerdos secretos de 2008 no fue solo una reforma de los servicios de inteligencia. Fue un sistema completo de control, vigilancia y exterminio selectivo, calibrado para garantizar la permanencia del régimen por encima de cualquier consideración jurídica o humanitaria. La Misión Internacional Independiente de la ONU, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, el Foro Penal Venezolano, PROVEA y el Instituto CASLA han documentado las consecuencias medibles de ese sistema: miles de muertos, miles de torturados y centenares de personas sometidas a desaparición forzada. Lo que las cifras también muestran es que Cuba no fue un colaborador periférico de esos crímenes. Fue su arquitecto.

La violencia letal del Estado venezolano bajo Maduro no puede leerse como delincuencia común. Es violencia institucional planificada, ejecutada por cuerpos de seguridad que operaron con asesoría cubana. En 2017, Venezuela registró una tasa de 56,8 homicidios por cada 100.000 habitantes, la más alta en Sudamérica según el Estudio Global sobre Homicidios de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, “Global Study on Homicide,” 2018). Pero esa cifra oficial no incluía los asesinatos cometidos por las propias fuerzas de seguridad del Estado, catalogados eufemísticamente como casos de “resistencia a la autoridad.”

Cuando la Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, publicó su informe en julio de 2019, reveló que el gobierno venezolano había reportado a sus propios organismos 5.287 muertes en manos de fuerzas de seguridad en 2018, y otras 1.569 en los primeros cinco meses de 2019: un total de casi 7.000 personas asesinadas por el Estado en año y medio. La Alta Comisionada calificó esa cifra de “sorprendentemente alta” y señaló que muchas podían constituir ejecuciones extrajudiciales (“UN Human Rights report on Venezuela urges immediate measures to halt and remedy serious violations,” OHCHR, 4 de julio de 2019). El principal perpetrador fue el grupo élite de las Fuerzas de Acciones Especiales —las FAES—, creadas en 2016 bajo el marco institucional diseñado con asesoría cubana.

Human Rights Watch confirmó en septiembre de 2019 que desde 2016, casi 18.000 personas habían muerto a manos de las fuerzas de seguridad en situaciones de supuesta “resistencia a la autoridad” (“Venezuela: Ejecuciones extrajudiciales en zonas de bajos recursos,” Human Rights Watch, 18 de septiembre de 2019). Los registros de PROVEA completan el cuadro acumulado: entre 2010 y 2018, fallecieron a manos de las fuerzas de seguridad del Estado venezolano 23.688 personas, según cifras oficiales proporcionadas al sistema de Naciones Unidas, con el 69% de esos casos concentrado entre 2016 y 2018, el período de mayor consolidación de la influencia cubana en los aparatos de inteligencia y control del Estado venezolano.

CUBA Y LAS REDES DEL TERROR INTERNACIONAL: DE LA OLP A HEZBOLLAH

Si la historia de Cuba con el narcotráfico latinoamericano puede rastrearse hasta 1979, su historia con el terrorismo de alcance global es más antigua. Y más profunda. No se trata de simpatías ideológicas abstractas ni de retórica antiimperialista: se trata de entrenamiento físico, transferencia de tecnología, inteligencia compartida y santuario garantizado. Desde los campos de entrenamiento guerrillero de los años sesenta hasta la base operativa de Hezbollah confirmada en 2011, el régimen cubano construyó durante seis décadas una red de relaciones con organizaciones terroristas que la CIA, el Departamento de Estado y la inteligencia israelí han documentado por separado y en distintos momentos históricos.

El punto de partida fue la Conferencia Tricontinental de 1966 en La Habana, donde Fidel Castro reunió a delegados de movimientos de liberación de África, Asia y América Latina —incluyendo representantes de la OLP— y anunció que Cuba sería el centro de apoyo global a la resistencia armada contra el imperialismo. Esa declaración no fue solo retórica: fue la apertura de un programa permanente de entrenamiento, financiamiento y logística para organizaciones que las democracias occidentales clasifican como terroristas.

LA ALIANZA CON LA OLP:ENTRENAMIENTO, ARMAS E INTELIGENCIA

Desde 1968, agentes militares e instructores de inteligencia cubanos estuvieron presentes en bases de la OLP en el norte de África e Irak, según documentos desclasificados de la CIA (“Cuba: Training Third World Guerrillas,” CIA Directorate of Intelligence, desclasificado en 2012). En junio de 1969, soldados cubanos participaron junto a combatientes de la OLP en una incursión armada en el Sinaí. En 1972, Castro se reunió personalmente con dirigentes de la OLP en Argelia y acordó ampliar las actividades conjuntas.

Entre 1976 y 1982, la CIA estimó que 300 palestinos recibían entrenamiento simultáneamente en campos militares cubanos. El PLO, a su vez, capacitó a guerrilleros latinoamericanos en Líbano, Yemen del Sur y Libia —una subcontratación pedagógica acordada con La Habana (“Cuba’s Commitment to Violence, Terrorism and Anti-Americanism,” Cuban Studies Institute, 20 de mayo de 2020). En 1974, al romper relaciones con Israel y buscar el liderazgo del Movimiento de Países No Alineados, Castro invitó a Yasser Arafat a La Habana. Arafat visitó Cuba ocho veces en total, y durante su visita de 1979 firmó un acuerdo formal de cooperación militar y suministro de armas.

Ese mismo año Cuba envió tropas para apoyar a Siria durante la Guerra del Yom Kippur. No fue un gesto simbólico: las tropas cubanas operaron en el frente con unidades del ejército sirio. Israel ganó la guerra; los cubanos se retiraron en 1975. Pero la señal estratégica quedó clara: La Habana estaba dispuesta a proyectar fuerza militar a miles de kilómetros de distancia en apoyo de causas que sus aliados consideraran prioritarias (“Cuba and Iran Are Still State Sponsors of Terrorism,” Heritage Foundation, 4 de enero de 2024).

LA BASE OPERATIVA DE HEZBOLLAH EN CUBA (2011)

La evidencia más específica sobre los vínculos entre Cuba y Hezbollah proviene de un memorando enviado el 5 de septiembre de 2011 al correo personal de la entonces Secretaria de Estado Hillary Clinton por su asesor Sidney Blumenthal, hoy parte del registro público a través del archivo de correos de WikiLeaks. El memorando, redactado a partir de lo que Blumenthal describió como “fuentes extremadamente sensibles,” reportaba una advertencia formal del Mossad israelí al gobierno de Israel: “Hezbollah está estableciendo una base operacional en Cuba, diseñada para apoyar ataques terroristas en toda América Latina” (“Intel: Hezbollah & Cuba,” WikiLeaks — Hillary Clinton Email Archive, emailid/12568, 5 de septiembre de 2011).

El alcance de esa base no se limitaba a objetivos israelíes. Las fuentes indicaban que los operativos de Hezbollah habían recibido instrucciones de reconocer también instalaciones asociadas a Estados Unidos y el Reino Unido en la región —misiones diplomáticas, bancos importantes y empresas— como “objetivos de contingencia a ser atacados en caso de intervención militar estadounidense o británica en Siria o Irán.” La negociación de los términos de la base fue conducida directamente por Hassan Nasrallah, quien prometió a la inteligencia cubana (DGI) que Hezbollah “evitaría cualquier rastro de evidencia que pudiera llevar de vuelta a Cuba en caso de un ataque en América Latina,” según reportó Vice News el 13 de febrero de 2016 (“Hillary Clinton Was Warned of Possible Terror Attacks in Latin America,” VICE, 13 de febrero de 2016).

La existencia de la base operativa fue confirmada posteriormente por el Cuban Studies Institute en su informe de mayo de 2020, que señaló que Hezbollah, “por órdenes de Hassan Nasrallah, estableció una base operacional en Cuba” y que “La Habana, directamente y a través de Venezuela, continúa proporcionando inteligencia a Hamas y a Hezbollah.” En julio de 2021, el jefe de relaciones internacionales de Hezbollah, Ammar Al-Moussawi, visitó la embajada cubana en Beirut para expresar solidaridad durante las protestas masivas en Cuba, consolidando públicamente el vínculo entre ambas organizaciones (“Cuba and Iran Are Still State Sponsors of Terrorism,” Heritage Foundation, 4 de enero de 2024). La conexión entre Hezbollah, Cuba y Venezuela —incluyendo el nexo con el régimen de Maduro y sus fuentes de financiamiento— se documenta también en el Atlantic Council (“The Maduro-Hezbollah Nexus: How Iran-backed Networks Prop up the Venezuelan Regime,” Atlantic Council, 7 de octubre de 2020).

El EJE LA HABANA, TEHERÁN: SEIS DECADAS DE ALIANZA ESTRATÉJICA

Cuba e Irán construyeron su alianza sobre una base común: el rechazo a la hegemonía estadounidense y la voluntad de proyectarla más allá de la retórica. En mayo de 2001, Fidel Castro visitó Teherán y pronunció una frase que resume décadas de coordinación estratégica: “Irán y Cuba, en cooperación el uno con el otro, pueden poner a América de rodillas” (citada en Center for Free Cuba, 18 de junio de 2025). No fue hipérbole. Fue el enunciado de una política.

Los intercambios concretos entre ambos regímenes alcanzaron dimensiones que van del ámbito militar al biotecnológico. En 2001, el ex Director de Investigación y Desarrollo del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Cuba, José de la Fuente, publicó en la revista Nature Biotechnology una denuncia pública en la que afirmaba que Cuba había vendido a Irán tecnología de uso dual capaz de ser utilizada en la producción de armas biológicas. “Nadie cree que Irán esté interesado en estas tecnologías con el propósito de proteger a los niños del Medio Oriente de la hepatitis,” escribió (Nature Biotechnology, octubre de 2001; reproducido en audiencia del Senado, U.S. Senate Foreign Relations Committee, 5 de junio de 2002). En esa misma dirección, el Secretario de Estado Colin Powell declaró ante el Congreso que Estados Unidos creía que Cuba tenía “al menos un esfuerzo limitado de investigación y desarrollo de guerra biológica ofensiva” y que Cuba “ha proporcionado biotecnología de uso dual a estados canallas” (“Cuba’s Pursuit of Biological Weapons,” U.S. Senate Foreign Relations Committee, 5 de junio de 2002).

En 2005, Cuba e Irán firmaron un memorando de cooperación que incluyó acuerdos en electricidad, biotecnología y minería. En diciembre de 2023, el Ayatolá Khamenei recibió al presidente cubano Miguel Díaz-Canel en Teherán y declaró que su alianza estratégica “puede tomar una posición común y efectiva en temas internacionales importantes como la cuestión palestina.” Irán, el mayor patrocinador estatal del terrorismo en el mundo, usa a Cuba como nodo regional para consolidar su presencia en América Latina y el Caribe —una presencia que el Departamento de Estado estadounidense ha descrito como “creciente y sistemática.” El eje trilateral La Habana–Teherán–Caracas —documentado en detalle en la sección anterior sobre Venezuela— encuentra aquí su fundamento ideológico y operativo más antiguo.

CUBA, HAMAS Y EL 7 DE OCTUBRE

Tras el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023 contra Israel —el mayor ataque terrorista contra judíos desde el Holocausto, con 1.200 muertos y más de 250 secuestrados— la reacción del régimen cubano fue reveladora. El Ministerio de Relaciones Exteriores cubano emitió un comunicado en el que culpó a Israel de la “impunidad” que habría generado la violencia, sin condenar el ataque de Hamas en ninguno de sus términos (“Cuba and Iran Are Still State Sponsors of Terrorism,” Heritage Foundation, 4 de enero de 2024).

Esa omisión no fue accidental. Cuba lleva décadas sosteniendo reuniones de alto nivel con Hamas y su principal patrocinador, Irán. Según el Cuban Studies Institute y el Center for Free Cuba, La Habana provee inteligencia a Hamas de manera regular y coordinó con Irán y Hamas una ofensiva diplomática internacional durante el año previo al 7 de octubre —un esfuerzo en el que Cuba fue descrita como un “aliado clave” en una investigación publicada por el Jewish Policy Center el 16 de noviembre de 2023 (“Jihad: Cuba’s Role,” Jewish Policy Center, 16 de noviembre de 2023).

ETA: CUATRO DÉCADAS DE SANTUARIO BASCO EN LA HAVANA

La relación de Cuba con ETA, el grupo separatista vasco español responsable de más de 800 muertos entre 1959 y 2010, comenzó en 1964, cuando militantes de la organización recibieron entrenamiento en Cuba. El libro Historia de un desafío: Cinco décadas de lucha sin cuartel de la Guardia Civil contra ETA (Manuel Sánchez y Manuela Simón, 2017) documenta que “en la primavera de 1964, militantes de ETA recibieron entrenamiento en Cuba con lecciones sobre secuestros, subversión y sabotaje. Así comenzó el entrenamiento ideológico y terrorista que más tarde sería una constante en la historia de la banda terrorista.”

En los años ochenta, tras acuerdos entre el gobierno español del socialista Felipe González y el régimen cubano, unos 20 miembros de ETA se instalaron en Cuba como parte de un arreglo informal. Algunos llegaron deportados desde terceros países; otros como fugitivos directos de la justicia española. Entre ellos, Miguel Ángel Apalategi (“Apala”), uno de los fundadores de la organización, recibió nueva identidad y protección en la isla. El terrorista José Ángel Urtiaga Martínez vivió en Cuba desde los años ochenta, buscado por la justicia española (“Cuba’s Continuous Support for Terrorism,” Cuban Studies Institute, 29 de agosto de 2019).

En 2011, dos miembros de ETA residentes en Cuba —Elena Bárcena Argüelles (“Tigresa”) y Francisco Pérez Lekue (“Luke”)— publicaron una declaración desde La Habana en la que acusaron al régimen cubano de ser “carceleros” al negarles documentos falsos para abandonar la isla, revelando la naturaleza de su relación con las autoridades cubanas: dependencia total, control absoluto (“Is Cuba Tired of Its ETA Guests?”, El País, 25 de mayo de 2011). Cables desclasificados de WikiLeaks confirmaron que miembros de ETA que habían “asistido a las FARC habían pasado tiempo en Cuba.”

ElMODELO COMPLETO: CUBA COMO NODO DE CONVERGENCIA TERRORISTA

Lo que emerge de este registro no es una serie de coincidencias diplomáticas. Es una arquitectura deliberada. Cuba ofreció durante décadas a organizaciones tan diversas como la OLP, ETA, el IRA provisional, el M-19, las FARC, el ELN, Hamas y Hezbollah la misma combinación de servicios: entrenamiento en tácticas guerrilleras y contrainteligencia, logística de viaje con documentación falsa, santuario frente a la extradición y, en los casos de Hezbollah e Irán, transferencia de tecnología sensible y coordinación de inteligencia.

El general James Clapper, entonces Director Nacional de Inteligencia de Estados Unidos, testificó ante el Congreso en febrero de 2016 que el régimen cubano seguía siendo “una amenaza de espionaje al nivel de Irán, detrás solo de China y Rusia.” En ese mismo período, el gobierno Obama emitió una directiva instruyendo a la inteligencia estadounidense a cooperar con los servicios de inteligencia cubanos —una decisión que legisladores del Congreso, incluyendo el representante Mario Díaz-Balart, advirtieron que equivalía a compartir información con Irán y Hezbollah, dado el grado de integración entre esas redes (“Congress: Cuba to Share Critical U.S. Intel With Iranian Spies,” Washington Free Beacon, 27 de octubre de 2016).

La IHH —organización benéfica turca financiada por Hamas y miembro de la “Unión del Bien,” el paraguas financiero de Hamas— continuó operando abiertamente en La Habana. El sistema de identificación migratoria venezolana, “Misión Identidad,” administrado por cubanos, facilitó el acceso de agentes cubanos a Venezuela y, a través de ella, de operativos de organizaciones terroristas a terceros países. Cuba duplicó y distribuyó formularios y sellos de pasaportes venezolanos para uso de redes de narcotráfico, guerrillas colombianas y terroristas islámicos.

El patrón no es el de un Estado que tolera pasivamente la presencia de actores peligrosos en su territorio. Es el de un Estado que los administra activamente, los protege de la extradición, los conecta con sus aliados regionales y los usa como herramienta de política exterior. En el caso de Hezbollah, esa administración incluyó negociaciones directas entre Nasrallah y la DGI cubana para establecer una base operativa a 90 millas de las costas de Estados Unidos. El narcotráfico y el terrorismo, vistos por separado, parecen historias distintas. Leídos juntos, son el mismo libro.

LA MAQUINARIA DE ESPIONAJE: CÉLULAS, AGENTES Y SECRETOS ROBADOS

Si el narcotráfico fue el negocio visible del régimen cubano en el exterior, el espionaje fue su empresa más sofisticada y duradera. Desde la creación de la Dirección General de Inteligencia (DGI) en 1961, instruida directamente por el KGB soviético, Cuba construyó una de las redes de inteligencia más efectivas del mundo en proporción a su tamaño, con operaciones activas en territorio estadounidense documentadas durante más de seis décadas y casos de penetración que llegaron al corazón mismo del gobierno de Estados Unidos.

Chris Simmons, analista de contrainteligencia de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA), lo explicó con precisión ante el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes el 3 de junio de 2012: “Cuba puede ser caracterizada con precisión como una organización criminal violenta disfrazada de gobierno. Es el único traficante de inteligencia del mundo, proporcionando a los adversarios de Estados Unidos un flujo interminable de secretos estadounidenses recogidos por sus instalaciones de inteligencia de señales, complementados con informantes humanos. La intermediación de esa información genera supuestamente cientos de millones de dólares anuales, uno de los principales flujos de ingresos que sostienen al régimen” (“Cuba’s Global Network of Terrorism, Intelligence and Irregular Warfare,” U.S. House Committee on Foreign Affairs, 112.° Congreso, 3 de junio de 2012).

Ana Belén Montes: diecisiete años en el corazón del Pentágono

El caso más devastador jamás documentado de espionaje cubano en suelo estadounidense es el de Ana Belén Montes. Ciudadana estadounidense de ascendencia puertorriqueña, fue reclutada por la inteligencia cubana en 1984 mientras estudiaba en la Universidad Johns Hopkins, antes de siquiera unirse al gobierno. En 1985 fue contratada como analista de la DIA y ascendió hasta convertirse en la analista principal del Pentágono sobre Cuba, con acceso a los planes más sensibles del ejército estadounidense. Desde el primer día de su empleo, era una espía al servicio de La Habana.

Durante diecisiete años, Montes entregó a Cuba las identidades de cuatro agentes encubiertos estadounidenses, los nombres de cientos de analistas que trabajaban en el expediente Cuba dentro de la comunidad de inteligencia, información clasificada sobre un satélite sigiloso de reconocimiento con el que Estados Unidos espiaba a Rusia, China y Cuba, y los planes operacionales de prácticamente todas las operaciones militares estadounidenses en América Central durante los años ochenta. Según el analista Simmons, “saboteo virtualmente todas las operaciones militares de Estados Unidos en América Central durante cinco años en los años ochenta. Nunca sabremos del todo el daño que causó a Estados Unidos” (PBS NewsHour, 9 de enero de 2023; Boundary Stones / WETA, 2 de junio de 2025).

Montes recibía instrucciones cifradas de La Habana a través de radio de onda corta, las descodificaba en un portátil especialmente preparado, y se comunicaba con sus controladores mediante llamadas desde teléfonos públicos a un buscapersonas en Nueva York. Fue arrestada el 21 de septiembre de 2001, un día antes de que debía recibir el briefing completo sobre la Operación Libertad Duradera, la invasión de Afganistán. Los investigadores concluyeron que si hubiera asistido, los planes habrían llegado a Talibán a través de La Habana. En octubre de 2002 fue sentenciada a 25 años. Fue liberada el 6 de enero de 2023 (Reuters, 7 de enero de 2023; CNN, 8 de enero de 2023).

La Red Avispa: la mayor red de espionaje cubana jamás desmantelada en EE. UU.

El 12 de septiembre de 1998, el FBI arrestó a diez miembros de lo que llamó La Red Avispa, el mayor anillo de espionaje cubano descubierto en Estados Unidos hasta la fecha. La red estaba compuesta por al menos 27 agentes cubanos que operaban bajo identidades falsas en el sur de Florida. Sus objetivos incluían infiltrar grupos de exiliados cubanos, monitorear movimientos en la Base Aérea de Homestead, introducir un agente dentro de la Estación Aeronaval de Boca Chica en Key West como trabajador de mantenimiento, y penetrar el US Southern Command y la Base Aérea de MacDill (U.S. House Committee on Foreign Affairs, 2012; Center for Free Cuba, 13 de septiembre de 2022).

El líder de la red, Gerardo Hernández, operaba bajo la identidad falsa de Manuel Viramontez. Fue condenado a dos cadenas perpetuas por conspiración para cometer espionaje y conspiración para cometer asesinato, en relación con el suministro de información a Cuba que permitió el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, matando a cuatro personas. Antonio Guerrero, Ramón Labañino y Fernando González recibieron cadena perpetua o diecinueve años respectivamente. Los cinco fueron liberados en diciembre de 2014, como parte de un intercambio de prisioneros negociado durante la administración Obama (Wikipedia, “Cuban Five”).

Cinco de los otros miembros de la red aceptaron acuerdos con los fiscales y cooperaron con el gobierno. Sus testimonios revelaron que Cuba había ordenado explícitamente la infiltración de instalaciones militares estadounidenses y que la red estaba preparada para facilitar el contrabando de armas y explosivos hacia Estados Unidos si las circunstancias lo requerían.

Otros agentes condenados: el patrón sistemático

Los casos de Montes y la Red Avispa no fueron incidentes aislados. Son los más visibles de un patrón sistemático que el FBI documentó en múltiples casos a lo largo de décadas. En mayo de 2000, Mariano Faget, alto funcionario del Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos con acceso a casos de posibles desertores cubanos, fue condenado por revelar información clasificada a un agente de la inteligencia cubana (New York Times, compilado en Organizacion Autentica, enero de 2003). En junio de 2009, Kendall Myers, funcionario retirado del Departamento de Estado que había accedido a cientos de cables diplomáticos clasificados sobre América Latina y Europa, fue arrestado junto a su esposa tras ser descubiertos espiando para Cuba durante más de treinta años (“Cuba’s Global Network of Terrorism, Intelligence and Irregular Warfare,” U.S. House Committee on Foreign Affairs, 3 de junio de 2012). En diciembre de 2023, Víctor Manuel Rocha, embajador retirado de Estados Unidos y ex miembro del Consejo de Seguridad Nacional, fue arrestado acusado de haber actuado como agente cubano durante décadas desde dentro de las más altas instancias de la política exterior estadounidense (Miami-Dade Tax Collector Statement, 31 de marzo de 2026, citando advertencia del FBI).

La evaluación del FBI y la amenaza vigente

En su evaluación de amenazas mundiales de 2016, el Director Nacional de Inteligencia James Clapper clasificó a Cuba como una amenaza de espionaje activa al nivel de Irán, superada solo por China y Rusia. En marzo de 2026, en el contexto de las operaciones militares conjuntas de Estados Unidos e Israel contra Irán, el FBI instruyó a sus equipos de contraterrorismo e inteligencia a mantenerse en alerta máxima, advirtiendo sobre la presencia de células dormidas de organizaciones vinculadas a Irán, entre las que los analistas incluyeron explícitamente redes con conexiones cubanas dada la integración de inteligencia entre La Habana y Teherán (Fox News, 1 de marzo de 2026). El dato que resume la dimensión del problema fue formulado en el Congreso en 2012: desde 1998, el FBI había expuesto una red de al menos 16 agentes cubanos acusados o condenados solo en Florida, y la estimación de los analistas era que esos casos representaban la punta del iceberg de una estructura mucho mayor que permanece activa (“Cuba’s Global Network of Terrorism, Intelligence and Irregular Warfare,” U.S. House Committee on Foreign Affairs, 3 de junio de 2012).

CUANDO UN ESTADO DEJA DE SER SOBERANO

Hay un momento en que la distinción entre un gobierno y una organización criminal deja de ser filosófica y se convierte en una pregunta jurídica con consecuencias prácticas. Para llegar a ese momento, es necesario entender qué hace que un Estado sea legítimo: no el reconocimiento diplomático, no el asiento en las Naciones Unidas, no la bandera o el himno. La legitimidad de un Estado descansa en una función: proteger a su población, administrar el territorio con criterios de interés colectivo y actuar en el orden internacional con arreglo a compromisos verificables.

El politólogo Charles Tilly observó en su influyente ensayo de 1985, “War Making and State Making as Organized Crime,” que el Estado moderno emergió históricamente de los mismos procesos que el crimen organizado: monopolio de la violencia, extracción de recursos, eliminación de rivales. La diferencia entre el Estado y la mafia, arguyó Tilly, es que el Estado logró institucionalizar ese monopolio y obtener reconocimiento externo. Cuando un Estado revierte ese proceso, cuando comienza a usar el monopolio de la violencia para enriquecer a una facción interna a expensas del resto de la población, cuando vende su soberanía al mejor postor criminal y cuando exporta represión en lugar de protección, no se convierte en un Estado fallido. Se convierte en algo más peligroso: un Estado capturado con plena capacidad operativa.

Cuba encaja en esa categoría con una precisión que pocas naciones en el hemisferio igualan. No es un Estado que colapsó y dejó entrar al crimen. Es un Estado que nunca dejó entrar a nadie más. El régimen no fue corrompido por el narcotráfico: lo instrumentalizó. No fue infiltrado por el espionaje extranjero: lo vendió. No fue debilitado por el terrorismo: lo financió, entrenó y le ofreció santuario. En cada una de esas dimensiones, la acción fue deliberada, sistemática y documentada ante tribunales de justicia de la mayor democracia del mundo.

Qué puede hacer la comunidad internacional?

El derecho internacional y las políticas nacionales cuentan con herramientas específicas para responder cuando un Estado cruza esa línea. El problema no es la ausencia de instrumentos jurídicos. El problema es la voluntad política de aplicarlos.

La primera y más directa herramienta es la designación como Estado Patrocinador del Terrorismo, prevista en la Sección 6(j) de la Ley de Control de Exportaciones de Armas de Estados Unidos. Cuba fue designada en 1982, retirada de la lista en 2015 bajo la administración Obama por razones políticas, y redesignada en enero de 2021. Esa designación activa sanciones automáticas, restringe la financiación multilateral y limita la cooperación gubernamental. Su efecto práctico, sin embargo, ha sido limitado porque Cuba diversificó sus ingresos precisamente a través de los canales que este reporte documenta: el turismo controlado por GAESA, las exportaciones de servicios médicos al exterior y las remesas del exilio.

La segunda herramienta es el régimen de sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Las sanciones dirigidas contra funcionarios específicos del régimen, contra entidades de GAESA y contra las rutas financieras del fraude Medicare son más quirúrgicas que el embargo general y han demostrado mayor capacidad de presión. El problema es la evasión sistemática: Cuba usa intermediarios en terceros países, bancos en jurisdicciones con escasa regulación y criptomonedas para mover los fondos.

La tercera herramienta es el sistema interamericano de derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha documentado décadas de abusos y emitido medidas cautelares reiteradamente ignoradas por el régimen. La Corte Interamericana de Derechos Humanos podría en teoría procesar individuos con rango de funcionario, pero Cuba se retiró de la jurisdicción contenciosa de la Corte y el régimen no reconoce fallos que no le convengan.

La cuarta herramienta, y quizás la más subutilizada, es el principio de jurisdicción universal. Varios crímenes documentados en este reporte, incluyendo crímenes de lesa humanidad en Venezuela ejecutados bajo asesoría cubana, tortura sistemática de presos políticos y participación en estructuras de narcotráfico transnacional, podrían fundamentar procesos ante tribunales nacionales en España, Argentina u otros países que reconocen la jurisdicción universal. El obstáculo es político: ningún gobierno ha querido asumir el costo diplomático de iniciar ese proceso.

Lo que queda claro, después de cuatro décadas de evidencia documentada, es que el régimen cubano no cambió de naturaleza con la muerte de Fidel Castro ni con las reformas cosméticas de los últimos años. Cambió de generación, no de modelo. La cúpula que hoy controla GAESA, la DGI y las Fuerzas Armadas Revolucionarias es la misma que entrenó a los paramilitares venezolanos, que firmó los acuerdos de inteligencia con Hezbollah y que protegió a los fugitivos del Medicare mientras el pueblo cubano hacía colas para conseguir pan. Esa continuidad no es accidental. Es la consecuencia lógica de un sistema diseñado para perpetuarse, no para servir.

La pregunta de qué se puede hacer no tiene una respuesta simple. Pero tiene un punto de partida ineludible: llamar a las cosas por su nombre. Un Estado que vende secretos militares a los adversarios de sus vecinos, que ofrece santuario a terroristas y fugitivos, que exporta represión y que usa su soberanía para blindar el crimen organizado no es un gobierno con el que se negocia impunidad a cambio de estabilidad. Es una organización criminal con bandera. Y tratarlo como tal es el primer paso hacia cualquier solución real.

CONCLUSIÓN: CUANDO LA IMPUNIDAD SE INSTITUCIONALIZA

Cuarenta años de evidencia documental llevan a una conclusión que este reporte no puede suavizar: Cuba no es un caso de complicidad casual o tolerancia conveniente ante el crimen organizado. Es un caso de Estado que convirtió la criminalidad en instrumento de política exterior, que la financió con soberanía y la exportó con doctrina.

La línea que va desde las reuniones de Carlos Lehder en La Habana en 1979 hasta los $14.600 millones en fraude al Medicare registrados en el operativo de junio de 2025 no es una coincidencia estadística. Es una arquitectura. Cada elemento del sistema cumple una función: el territorio soberano ofrece el corredor; la inteligencia ofrece la cobertura; la impunidad jurídica ofrece el destino. Y cuando el dinero llega a los bancos controlados por GAESA, ya no hay jurisdicción que alcance para recuperarlo.

Lo que hace a este caso diferente de cualquier cartel convencional no es la escala del daño —aunque esa escala es extraordinaria— sino la naturaleza del actor. Cuando un cartel mata, hay una estructura que puede ser desarticulada. Cuando un Estado mata, hay un sistema que necesita ser nombrado. Este reporte lo nombra.

La evidencia que aquí se documenta estuvo disponible para los tomadores de decisiones en Washington durante décadas. Había acusaciones formales con número de causa desde 1982. Había un borrador de indictment RICO con el nombre de Raúl Castro desde 1993. Había $63 millones rastreados hasta bancos cubanos desde 2012. Había una carta del senador Grassley que nunca recibió respuesta. Había fugitivos del Medicare viviendo en La Habana mientras los programas de salud de millones de estadounidenses eran vaciados sistemáticamente.

La pregunta que queda abierta no es si la evidencia existió. La pregunta es qué costo político tuvo decidir, una y otra vez, no actuar sobre ella. Esa pregunta no la responde este reporte. La plantea. Y esa es, quizás, la función más importante que puede cumplir el periodismo de investigación: poner sobre la mesa lo que los archivos ya saben, para que nadie pueda decir que no lo sabía.

REFERENCIAS

United States v. Santamaría Cuadrado et al., Case No. 82-643-Cr-JE, U.S. District Court, Southern District of Florida, noviembre de 1982.

United States v. Ariel Nuñez-Finalet et al., Case No. 16-cr-20267, U.S. District Court, Southern District of Florida. Sentencia: 29 de marzo de 2024.

    U.S. Department of Justice / SDFL. “Fugitive Cuban national extradited from    Spain and sentenced to 36 months’ imprisonment for health care fraud conspiracy.” 29 de marzo de 2024. https://www.justice.gov/usao-sdfl/pr/fugitive-cuban-national-extradited-spain-and-sentenced-36-months-imprisonment-health

HHS Office of Inspector General. “Cuban National Sentenced To Over Five Years In $7.6 Million Medicare Fraud Scheme.” 24 de marzo de 2025. https://oig.hhs.gov/fraud/enforcement/cuban-national-sentenced-to-over-five-years-in-76-million-medicare-fraud-scheme/

U.S. Department of Justice. “National Health Care Fraud Takedown Results in 324 Defendants Charged in Connection with Over $14.6 Billion in Alleged Fraud.” 30 de junio de 2025. https://www.justice.gov/opa/pr/national-health-care-fraud-takedown-results-324-defendants-charged-connection-over-146

U.S. Department of Justice. “Strike Force Formed to Target Fraudulent Billing of Medicare.” 9 de mayo de 2007. https://www.justice.gov/archive/opa/pr/2007/May/07_ag_339.html

U.S. Department of State. “U.S. Announces Designation of Cuba as a State Sponsor of Terrorism.” 11 de enero de 2021. https://2017-2021.state.gov/u-s-announces-designation-of-cuba-as-a-state-sponsor-of-terrorism/

Reagan Presidential Library. “Statement by Principal Deputy Press Secretary Speakes on an Agreement With Cuba Concerning Immigration and Refugee Matters.” 14 de diciembre de 1984. https://www.reaganlibrary.gov/archives/speech/statement-principal-deputy-press-secretary-speakes-agreement-cuba-concerning

U.S. Department of Justice, Office of the Solicitor General. Brief regarding Mariel Cubans and the December 14, 1984 bilateral agreement. https://www.justice.gov/osg/media/223106/dl?inline

“Intel: Hezbollah & Cuba,” Sidney Blumenthal memorandum to Hillary Clinton, WikiLeaks — Hillary Clinton Email Archive, emailid/12568, 5 de septiembre de 2011. https://wikileaks.org/clinton-emails/emailid/12568

“Cuba: Training Third World Guerrillas,” CIA Directorate of Intelligence, ALA 86-10050, desclasificado 2012. https://www.cia.gov/readingroom/document/cia-rdp88t00768r000400500001-7

“Cuba’s Pursuit of Biological Weapons: Fact or Fiction?” Audiencia ante el U.S. Senate Committee on Foreign Relations, 5 de junio de 2002. https://www.iranwatch.org/library/government/united-states/congress/hearings-prepared-statements/senate-foreign-relations-committee-hearing-cubas-pursuit-biological-weapons

OHCHR / Michelle Bachelet. “UN Human Rights report on Venezuela urges immediate measures to halt and remedy serious violations.” 4 de julio de 2019. https://www.ohchr.org/en/press-releases/2019/07/un-human-rights-report-venezuela-urges-immediate-measures-halt-and-remedy

UNODC. Global Study on Homicide 2018. Viena: United Nations Office on Drugs and Crime, 2018. https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/global-study-on-homicide.html

Human Rights Watch. “Venezuela: Ejecuciones extrajudiciales en zonas de bajos recursos.” 18 de septiembre de 2019. https://www.hrw.org/es/news/2019/09/18/venezuela-ejecuciones-extrajudiciales-en-zonas-de-bajos-recursos

PROVEA – Centro Gumilla. “Policías y militares asesinaron a 2853 personas en Venezuela durante el 2020.” 18 de enero de 2022. https://provea.org/actualidad/derechos-civiles-y-politicos/derecho-a-la-vida/lupa-por-la-vida-policias-y-militares-asesinaron-a-2853-personas-en-venezuela-durante-2020-4/

New York Times. “U.S. Drug Charges Cite 4 Cuban Aides.” 6 de noviembre de 1982. https://www.nytimes.com/1982/11/06/us/us-drug-charges-cite-4-cuban-aides.html

New York Times. “U.S. and Cuba Gain an Accord on Repatriation.” 15 de diciembre de 1984. https://www.nytimes.com/1984/12/15/world/us-and-cuba-gain-an-accord-on-repatriation.html

Seattle Times. “The U.S. Drug Case Against Cuba — Smuggling Probe Names Raul Castro, Other Officials.” 8 de abril de 1993. https://archive.seattletimes.com/archive/19930408/1694969/the-us-drug-case-against-cuba—-smuggling-probe-names-raul-castro-other-officials

Los Angeles Times. “Firing Squad Executes Cuban Hero: Ex-General, 3 Others Shot for Roles in Drug Trafficking.” 13 de julio de 1989. https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1989-07-13-mn-4768-story.html

Weaver, Whitefield, Charles. “Miami Money-Laundering Case Spotlights Link Between Medicare Fraud And Cuba’s National Bank.” Miami Herald, 30 de junio de 2012.

Palm Beach Post. “Feds in Miami: Millions Stolen from Medicare Wound Up in Cuban Banks.” 18 de junio de 2012. https://www.palmbeachpost.com/story/news/state/2012/06/18/feds-in-miami-millions-stolen/7263890007/

The Senior Citizens League. “Millions Stolen From Medicare Traced To Cuban Banks.” 12 de septiembre de 2012. https://seniorsleague.org/millions-stolen-from-medicare-traced-to-cuban-banks/

Sun Sentinel. “Plundering America: The Cuban Criminal Pipeline.” 8 de enero de 2015. https://interactive.sun-sentinel.com/plundering-america/

BBC News. “Bogotá car bomb: Colombia blames ELN rebels for deadly explosion.” 18 de enero de 2019. https://www.bbc.com/news/world-latin-america-46922719

Al Jazeera. “Colombia asks Cuba to extradite ELN rebels after bombing kills 21.” 20 de enero de 2019. https://www.aljazeera.com/news/2019/1/20/colombia-asks-cuba-to-extradite-eln-rebels-after-bombing-kills-21

Havana Times. “The Footprints of Cuban Intelligence in Venezuela.” 15 de agosto de 2024. https://havanatimes.org/features/the-footprints-of-cuban-intelligence-in-venezuela/

Fox News. “Havana’s intelligence and military ties exposed after Maduro raid.” 5 de enero de 2026. https://www.foxnews.com/world/cubas-shadow-venezuela-havanas-intelligence-military-ties-exposed-after-maduro-raid

CiberCuba. “GAESA: how a ‘socialist’ country ended up under the control of an opaque military conglomerate.” 21 de febrero de 2026. https://en.cibercuba.com/noticias/2026-02-21-u2-e2-s27061-nid321380-gaesa-pais-socialista-termino-bajo-control-conglomerado

Lacalle, Daniel. “How Maduro, Cuba and their allies stole Venezuela’s oil wealth.” dlacalle.com, 11 de enero de 2026. https://www.dlacalle.com/en/how-maduro-cuba-and-their-allies-stole-venezuelas-oil-wealth/

Infobae. “Petróleo por represión.” Marzo de 2026.

CiberCuba. “Medicare administrator accuses Cubans of fraud and fleeing to Cuba with the money.” 27 de febrero de 2026. https://en.cibercuba.com/noticias/2026-02-27-u1-e199894-s27061-nid321840-administrador-medicare-acusa-cubanos-fraude-fuga

CiberCuba. “Scandal in Florida: Possible links between the Cuban regime and Medicare fraud.” 7 de abril de 2026. https://en.cibercuba.com/noticias/2026-04-07-u1-e135253-s27061-nid325124-escandalo-florida-senalan-posible-vinculo-regimen

AFP / BSS News. “Cuba rejects US claims of involvement in Florida healthcare fraud.” 9 de abril de 2026. https://www.bssnews.net/international/375901

Politico. “Dr. Oz’s fraud-busting road show.” 27 de febrero de 2026. https://www.politico.com/newsletters/politico-pulse/2026/02/27/dr-ozs-fraud-busting-road-show-00802094

ADST. “A Flood of Cuban Migrants — The Mariel Boatlift, April-October 1980.” 25 de abril de 2015. https://adst.org/2015/04/a-flood-of-cuban-migrants-the-mariel-boatlift-april-october-1980/

“Hillary Clinton Was Warned of Possible Terror Attacks in Latin America by Confidant Sidney Blumenthal.” VICE News, 13 de febrero de 2016. https://www.vice.com/en/article/hillary-clinton-was-warned-of-possible-terror-attacks-in-latin-america-by-confidant-sidney-blumenthal/

“Is Cuba Tired of Its ETA Guests?”, El País (edición en inglés), 25 de mayo de 2011. https://english.elpais.com/elpais/2011/05/25/inenglish/1306300843_850210.html

“Congress: Cuba to Share Critical U.S. Intel With Iranian Spies.” Washington Free Beacon, 27 de octubre de 2016. https://freebeacon.com/national-security/congress-cuba-share-critical-u-s-intel-iranian-spies/

Humire, Joseph M. & Suarez, John. “Cuba and Iran Are Still State Sponsors of Terrorism.” Heritage Foundation, 4 de enero de 2024. https://www.heritage.org/terrorism/commentary/cuba-and-iran-are-still-state-sponsors-terrorism

“Jihad: Cuba’s Role.” Jewish Policy Center, 16 de noviembre de 2023. https://www.jewishpolicycenter.org/2023/11/16/jihad-cubas-role/

“Havana doubles down in its support for Iran, Hamas, and Hezbollah.” Center for Free Cuba, 18 de junio de 2025. https://cubacenter.org/cuba-brief/2025/06/18/38000/

Havana Times. “Prisoners Defenders Reports on Torture in Cuban Prisons.” 2 de junio de 2023. https://havanatimes.org/features/prisoners-defenders-reports-on-torture-in-cuban-prisons/

CiberCuba. “Récord alarmante: Cuba reporta la cifra más alta de presos políticos.” 11 de septiembre de 2025. https://en.cibercuba.com/noticias/2025-09-11-u1-e42839-s27061-nid310745-record-alarmante-cuba-reporta-cifra-alta-presos

CiberCuba. “Éxodo imparable: 250,000 cubanos emigraron en 2024.” 23 de mayo de 2025. https://en.cibercuba.com/noticias/2025-05-23-u1-e42839-s27061-nid303477-exodo-imparable-250000-cubanos-emigraron-2024

CEDA. “Cuba’s Largest Emigration in History.” 25 de julio de 2024. https://www.weareceda.org/en/us-cuba-news-brief/cubas-largest-emigration-in-history-july-25-2024

Human Rights Watch. “Prison or Exile: Cuba’s Systematic Repression of July 2021 Demonstrators.” 11 de julio de 2022. https://www.hrw.org/report/2022/07/11/prison-or-exile/cubas-systematic-repression-july-2021-demonstrators

Cunningham. “Trafficking for a Cause: A Historical Analysis of Cuban State-Sponsored Drug Trafficking.” Air University Journal of Indo-Pacific Affairs (JOTA), 2024. https://www.airuniversity.af.edu/Portals/10/JOTA/journals/Volume-6_Issue-2/20-Cunningham_eng.pdf

Combating Terrorism Center at West Point. “The ELN’s Attack on the National Police Academy in Bogotá and Its Implications.” 6 de febrero de 2019. https://ctc.westpoint.edu/elns-attack-national-police-academy-bogota-implications/

Center for a Secure Free Society. “Weaponized Chaos: The Rise of Tren de Aragua as Venezuela’s Paramilitary Instrument.” 18 de noviembre de 2025. https://www.securefreesociety.org/research/weaponized-chaos/

Encyclopaedia Britannica. “Tren de Aragua.” Actualizado 9 de marzo de 2026. https://www.britannica.com/topic/Tren-de-Aragua

Atlanta History Center. “Pandemonium at the Pen: Cuban Refugees Riot to Stay in the U.S.” 29 de noviembre de 2021. https://www.atlantahistorycenter.com/blog/pandemonium-at-the-pen-cuban-refugees-riot-to-stay-in-the-us/

GovInfo / U.S. Congress. “Do Traffickers Use Cuba and Puerto Rico as Major Drug Transshipment Points?” Hearing before the House International Relations Committee, 106th Congress. https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-106hhrg69521/html/CHRG-106hhrg69521.htm

“Cuba’s Commitment to Violence, Terrorism and Anti-Americanism.” Cuban Studies Institute, 20 de mayo de 2020. https://cubanstudiesinstitute.us/principal/cubas-commitment-to-violence-terrorism-and-anti-americanism/

“The Maduro-Hezbollah Nexus: How Iran-backed Networks Prop up the Venezuelan Regime.” Atlantic Council, 7 de octubre de 2020. https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/issue-brief/the-maduro-hezbollah-nexus-how-iran-backed-networks-prop-up-the-venezuelan-regime/

Sánchez, Manuel & Simón, Manuela. Historia de un desafío: Cinco décadas de lucha sin cuartel de la Guardia Civil contra ETA, 2017.

De la Fuente, José. “Cuba’s Biotechnology and Iran.” Nature Biotechnology, octubre de 2001 (referenciado en audiencias del Senado, 2002).

“Cuba and the State Sponsors of Terrorism List.” Congressional Research Service (CRS Report RL32251), 12 de mayo de 2005. https://www.everycrsreport.com/files/20050512_RL32251_87f79921e60f0ee32151e78b8ae3002d05a9a4b5.pdf

Smithsonian Institution. “Pedro Pan: A Children’s Exodus from Cuba.” https://www.si.edu/stories/pedro-pan-childrens-exodus-cuba

Wikipedia. “Operation Peter Pan.” https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Peter_Pan

Migration Policy Institute. “Cuban Migration: Post-Revolution Exodus Ebbs and Flows.” Julio de 2017. https://www.migrationpolicy.org/article/cuban-migration-postrevolution-exodus-ebbs-and-flows

Pew Research Center. “Facts on Cuban Origin Latinos.” Agosto de 2023. https://www.pewresearch.org/race-and-ethnicity/fact-sheet/u-s-hispanics-facts-on-cuban-origin-latinos/

Neilsberg / U.S. Census Bureau. “Cuban Population in the United States by State.” 2025. https://www.neilsberg.com/insights/lists/cuban-population-in-united-states-by-state/

Association for the Study of the Cuban Economy (ASCE). “Cuban Businesses and Enterprises in Miami-Dade.” Cuban Studies, v.22. https://www.ascecubadatabase.org/wp-content/uploads/2014/09/v22-rodriguez.pdf

Richland Library. “Cuban Trainees at Fort Jackson.” Septiembre de 2023. https://www.richlandlibrary.com/blog/2023-09-12/cuban-trainees-fort-jackson

Migration Policy Institute. “Immigrant Veterans in the United States.” Mayo de 2024. https://www.migrationpolicy.org/article/immigrant-veterans-united-states

Cuban Research Institute, FIU. “Cuban Americans in Congress.” Enero de 2025. https://cri.fiu.edu/us-cuba-relations/cuban-americans-in-congress/

Wikipedia. “Cuban-American lobby.” https://en.wikipedia.org/wiki/Cuban%E2%80%93American_lobby

Wikipedia. “Ileana Ros-Lehtinen.” https://en.wikipedia.org/wiki/Ileana_Ros-Lehtinen