Homicidios a la baja en México y el “bosque” de la violenci
La medición y la conceptualización de la violencia urbana y rural de México atraviesan por una profunda crisis metodológica y de representatividad estadística. El aparente éxito gubernamental, fundamentado en una reducción reportada de la tasa de homicidios dolosos, coexiste de forma asincrónica con la persistencia de mercados ilícitos consolidados y un aumento generalizado en la percepción de inseguridad ciudadana.
El presente análisis aborda el fenómeno desde una perspectiva sociocriminológica y de políticas públicas, descomponiendo los mecanismos institucionales que configuran esta disonancia de datos.
El sistema de cuantificación criminal en México opera de forma descentralizada; toda vez que los datos publicados mensualmente por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)no representan la totalidad de los hechos delictivos ocurridos, sino únicamente las carpetas de investigación formalizadas por las fiscalías estatales. Esta arquitectura institucional genera incentivos burocráticos y políticos para la transmutación o el desplazamiento de categorías delictivas:
- Desplazamiento a “Homicidios Culposos”: Diversas auditorías forenses y análisis de organizaciones civiles evidencian que decesos con indicios claros de intencionalidad violenta se registran administrativamente bajo la categoría de homicidios no intencionales (culposos), disminuyendo artificialmente el indicador más visible del desempeño gubernamental.
- Eventos de Intención no Determinada (EIND): El incremento sostenido en las muertes cuya causa o dolo no ha sido esclarecido por los servicios periciales funciona como un “cajón de sastre”. Al no clasificarse explícitamente como homicidio, suicidio o accidente, estos decesos quedan excluidos de la métrica central de la criminalidad violenta.
- El Fenómeno de la Desaparición de Personas:Criminológicamente, la desaparición forzada o la cometida por particulares opera de forma paralela a la letalidad. El ocultamiento físico de los cuerpos por parte de organizaciones criminales obstruye la apertura de carpetas por homicidio. Al no localizarse el cadáver ni comprobarse la defunción, el delito se mantiene estancado en el registro de personas no localizadas, invisibilizando el saldo de la violencia letal en términos reales.
Históricamente, la ciencia política y la criminología han utilizado la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes como el indicador estandarizado e inequívoco para evaluar la seguridad de un territorio.
Sin embargo, en escenarios con dinámicas criminales complejas como el mexicano, este indicador ha dejado de ser un reflejo fidedigno de la gobernanza de seguridad.
La reducción del homicidio puede ser el resultado de un cambio metodológico o de un pacto de no agresión táctica entre facciones delictivas que deciden no disputar plazas de forma abierta, sin que esto signifique un desmantelamiento de sus estructuras.
Las economías criminales se han diversificado hacia delitos de control territorial y extracción económica activa que no necesariamente requieren de la letalidad continua para ser efectivos:
- Extorsión y “Cobro de Piso”: Delitos de alta frecuencia que paralizan el desarrollo económico local y minan la soberanía del Estado en la escala municipal, pero que no suman a la estadística de homicidios a menos de que exista resistencia por parte de la víctima.
- Gobernanza Criminal y Control Social: En entidades Federativas con altos índices de conflicto, las organizaciones delictivas imponen toques de queda, regulan mercados locales y administran justicia informal, fenómenos capturados por las alertas de viaje de gobiernos extranjeros pero completamente omitidos por el SESNSP.
Desde la perspectiva de la comunicación política y el análisis del discurso público, los datos estadísticos son frecuentemente instrumentalizados como herramientas de legitimación y construcción de realidades alternativas.
La focalización absoluta en la reducción porcentual de los homicidios dolosos responde a un diseño de narrativa gubernamental orientado a conservar capital político.
Esta reducción sirve como un escudo retórico efectivo frente a las críticas de la oposición y de organismos internacionales.
Al aislar “el árbol” (la tasa a la baja de homicidios), el discurso oficial legítima estrategias centralizadas y la delegación de funciones de seguridad pública a cuerpos militarizados o coordinaciones centralizadas, argumentando una “ejecución impecable” y un éxito sin precedentes históricos.
Sin embargo, esta sobreexposición de un único dato genera un fenómeno de disonancia cognitiva en la población, el cual contrasta las cifras oficiales presentadas en medios de comunicación con su entorno inmediato de vulnerabilidad material.
La persistencia de altos índices de percepción de inseguridad reflejados en instrumentos como la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU)del INEGI no representa una irracionalidad colectiva o un sesgo mediático, sino una lectura correcta del entorno micro social.
La ciudadanía evalúa su entorno a través de la presencia visible de dinámicas criminales difusas:
Las alertas de viaje emitidas por gobiernos extranjeros y la persistencia del miedo en el espacio público demuestran que la gobernabilidad democrática y la paz social no se pueden cuantificar de forma unidimensional.
El análisis integral del fenómeno delictivo exige migrar hacia modelos de evaluación multidimensionales que reconozcan el subregistro, incorporen de manera activa la crisis de desapariciones y midan el control fáctico que ejercen los grupos de la delincuencia organizada sobre las libertades civiles del territorio nacional.
Para entender el verdadero estado de la seguridad en México, es urgente dejar de mirar el árbol del homicidio y comenzar a observar la complejidad de todo el bosque delictivo del país y así hacer las adecuaciones quirúrgicas para impulsar todavía más el gran esfuerzo que ha hecho esta administración, pero que resulta insuficiente por tener un diagnóstico con información acotada, toda vez que la respuesta no está en lo que el debate político asume, sino en los complejos “puntos ciegos” y fallas metodológicas de la propia estadística criminal, donde el aumento de muertes sin causa determinada y el fenómeno de las desapariciones amenazan con convertir un éxito numérico en un peligroso espejismo.
