Somalia y la guerra interminable contra Al Shabaab

Somalia y la guerra interminable contra Al Shabaab: entre las victorias tácticas y el fracaso estratégico

La ofensiva impulsada por Hassan Sheikh Mohamud ha permitido recuperar la iniciativa militar frente a Al Shabaab. Sin embargo, la evolución de la rama somalí de Al Qaeda, la fragilidad del Estado y la creciente regionalización del conflicto plantean una cuestión mucho más profunda: ¿ha sabido Al Qaeda adaptar su modelo de guerra híbrida con mayor rapidez que los Estados encargados de combatirla?

Introducción

Pocas guerras ilustran mejor la complejidad de derrotar a una insurgencia que el conflicto que, desde hace casi dos décadas, enfrenta al Estado somalí con Al Shabaab, la rama somalí de Al Qaeda. A pesar de las sucesivas ofensivas militares, del despliegue de fuerzas internacionales y de miles de millones de euros invertidos por la comunidad internacional, la organización continúa siendo el principal desafío para la estabilidad de Somalia y una de las mayores amenazas para la seguridad del Cuerno de África.

Cuando Hassan Sheikh Mohamud regresó a la presidencia en mayo de 2022, lo hizo con la promesa de cambiar el rumbo de una guerra que parecía haberse estancado. A diferencia de sus predecesores, el presidente apostó por una estrategia integral que combinaba la presión militar sobre Al Shabaab con el aislamiento de sus fuentes de financiación, la movilización de los clanes locales y la consolidación de la presencia del Estado en los territorios recuperados. El objetivo no era únicamente expulsar a la insurgencia de determinadas regiones, sino impedir que pudiera regresar una vez concluidas las operaciones militares.

Los primeros resultados fueron prometedores. El Ejército Nacional Somalí, apoyado por milicias comunitarias, fuerzas internacionales y ataques aéreos estadounidenses, recuperó decenas de localidades que durante años habían permanecido bajo el control de la organización. Por primera vez en mucho tiempo, comenzó a extenderse la percepción de que Al Shabaab podía estar perdiendo la iniciativa estratégica.

Sin embargo, el desarrollo posterior del conflicto demostró que la realidad era mucho más compleja. Aunque la organización sufrió importantes reveses militares, logró adaptarse con rapidez, reorganizar sus estructuras y modificar su forma de operar. En lugar de desaparecer, evolucionó hacia un modelo de insurgencia más flexible, menos dependiente del control permanente del territorio y mucho más centrado en disputar al Estado su legitimidad política, institucional, económica y social.

Ese cambio constituye, probablemente, el aspecto más relevante de la guerra en Somalia y uno de los fenómenos más importantes del yihadismo africano contemporáneo. Al Shabaab ya no busca únicamente controlar ciudades o ejecutar atentados de gran impacto. Como parte de la estrategia impulsada por Al Qaeda en el continente africano, la organización pretende ocupar progresivamente los vacíos de poder que el Estado es incapaz de llenar, sustituyendo sus funciones mediante sistemas propios de justicia, recaudación fiscal, seguridad y administración. Se trata del mismo modelo que, con sus particularidades, comienza a observarse en otras regiones del continente, especialmente en el Sahel, donde organizaciones afines siguen una lógica muy similar.

Analizar la gestión de Hassan Sheikh Mohamud exige, por tanto, ir más allá del balance de victorias y derrotas militares. Obliga también a examinar hasta qué punto el Estado somalí ha conseguido consolidar los territorios recuperados, evaluar la eficacia de la ayuda internacional y comprender cómo la evolución de Al Shabaab se inserta en una estrategia regional mucho más amplia que conecta el Cuerno de África con el Sahel y, cada vez más, con la inestabilidad del mar Rojo.

Porque la verdadera cuestión ya no es únicamente si Somalia puede derrotar militarmente a Al Shabaab, sino si el Estado somalí y sus aliados serán capaces de evolucionar tan rápido como lo ha hecho Al Qaeda. Mientras la organización ha aprendido las lecciones de los últimos veinte años y ha transformado profundamente su forma de hacer la guerra, buena parte de la respuesta internacional continúa anclada en estrategias concebidas para combatir al yihadismo de principios de siglo.

Una estrategia basada en cuatro pilares

Cuando Hassan Sheikh Mohamud regresó a la presidencia de Somalia en mayo de 2022, heredó un conflicto que había entrado en una preocupante fase de estancamiento. Durante años, las operaciones militares habían permitido recuperar localidades y debilitar temporalmente a la rama somalí de Al Qaeda, pero la organización terminaba reorganizándose y recuperando parte del terreno perdido. Aquella dinámica evidenciaba que la presión militar, por sí sola, resultaba insuficiente para derrotar a una insurgencia que había aprendido a adaptarse a cada ofensiva.

Consciente de esa realidad, el presidente impulsó una estrategia más amplia que pretendía atacar simultáneamente las capacidades militares, económicas, políticas e ideológicas de la organización. El objetivo ya no consistía únicamente en expulsar a Al Shabaab de determinadas zonas, sino en impedir que pudiera reconstruir su influencia una vez concluidas las operaciones.

El primer pilar fue el militar. El Gobierno incrementó la coordinación entre el Ejército Nacional Somalí, las fuerzas especiales entrenadas por socios internacionales y las milicias comunitarias Macawisley, formadas principalmente por miembros de los clanes locales. La participación de estas milicias representó una diferencia sustancial respecto a campañas anteriores, ya que aportaban un profundo conocimiento del terreno, mejores redes de información y una mayor capacidad para identificar a los combatientes de Al Shabaab entre la población. Paralelamente, el apoyo de Estados Unidos mediante ataques aéreos selectivos y el respaldo de la misión de la Unión Africana reforzaron las capacidades operativas del Ejército somalí.

El segundo eje de la estrategia se centró en asfixiar las finanzas de la organización. Lejos de depender exclusivamente de actividades ilícitas, Al Shabaab había construido durante años un sofisticado sistema de recaudación basado en impuestos, extorsiones y gravámenes sobre el comercio y el transporte. El Ejecutivo intensificó la vigilancia sobre las transacciones financieras, aumentó la presión sobre empresas y operadores económicos que colaboraban con la organización y trató de reducir las fuentes de financiación que sostenían tanto su aparato militar como su estructura administrativa.

El tercer pilar buscaba combatir la influencia ideológica de Al Shabaab. El Gobierno promovió campañas de comunicación destinadas a desacreditar el discurso de la organización y contó con el apoyo de destacados líderes religiosos somalíes para cuestionar la interpretación extremista del islam utilizada por el movimiento yihadista para justificar su violencia. El objetivo era disputar a Al Shabaab la legitimidad religiosa sobre la que había construido buena parte de su narrativa y reducir su capacidad de atraer nuevos apoyos entre la población.

Por último, el Ejecutivo trató de consolidar la presencia del Estado en las zonas recuperadas. La experiencia de campañas anteriores había demostrado que expulsar a la insurgencia constituía únicamente el primer paso. Si las instituciones no lograban restablecer rápidamente la seguridad, la administración, la justicia y los servicios básicos, el vacío de poder terminaba siendo aprovechado por la propia organización para regresar. La consolidación institucional se convirtió así en el cuarto pilar de la estrategia y, al mismo tiempo, en su mayor desafío.

Sobre el papel, el plan diseñado por Hassan Sheikh Mohamud representaba la estrategia más ambiciosa impulsada por un Gobierno somalí desde el inicio de la insurgencia. Sin embargo, su éxito dependía de un factor esencial: que las victorias militares pudieran transformarse en una presencia permanente y efectiva del Estado sobre el territorio recuperado. La experiencia demostraría que ese era precisamente el terreno donde comenzaba la verdadera batalla.

Los éxitos iniciales

La estrategia impulsada por Hassan Sheikh Mohamud comenzó ofreciendo resultados que pocos observadores esperaban. Apenas unos meses después de su llegada a la presidencia, el Gobierno somalí logró recuperar la iniciativa frente a la rama somalí de Al Qaeda mediante una ofensiva coordinada que combinó operaciones militares, movilización de los clanes y apoyo internacional. Por primera vez en años, la insurgencia se vio obligada a abandonar posiciones que había mantenido durante largo tiempo, alimentando la percepción de que el equilibrio del conflicto podía estar cambiando.

Uno de los factores más decisivos fue la implicación de las milicias comunitarias Macawisley. Integradas principalmente por miembros de clanes locales, estas fuerzas surgieron como respuesta al creciente rechazo hacia los abusos cometidos por Al Shabaab, especialmente la extorsión sistemática, el reclutamiento forzoso y la imposición de tributos sobre comunidades ya castigadas por la sequía y la inseguridad. Su conocimiento del terreno y de la estructura social de las regiones centrales de Somalia permitió obtener información de inteligencia mucho más precisa y dificultó la libertad de movimientos de la organización.

La coordinación entre estas milicias y el Ejército Nacional Somalí, apoyado por las fuerzas especiales entrenadas por socios internacionales, permitió recuperar decenas de localidades en los estados de Hirshabelle y Galmudug, dos de los principales bastiones históricos de Al Shabaab. A diferencia de campañas anteriores, la ofensiva no se limitó a grandes operaciones militares, sino que buscó ejercer una presión constante sobre las líneas de comunicación y abastecimiento de la insurgencia, obligándola a dispersar sus fuerzas, dificultando su capacidad de reacción y forzándola a abandonar posiciones estratégicas.

El apoyo internacional también desempeñó un papel determinante. Estados Unidos intensificó su campaña de ataques aéreos selectivos contra dirigentes, depósitos de armas y centros logísticos de la organización, mientras la misión de la Unión Africana continuó proporcionando apoyo operativo y logístico a las fuerzas gubernamentales. Paralelamente, la Unión Europea y otros socios internacionales mantuvieron los programas de formación y asesoramiento destinados a mejorar las capacidades del Ejército Nacional Somalí.

Los avances sobre el terreno fueron acompañados por una ofensiva contra las redes de financiación de Al Shabaab. El Gobierno aumentó la presión sobre empresas, entidades financieras y operadores económicos para dificultar el cobro de impuestos y las actividades de extorsión que constituían una de las principales fuentes de ingresos de la organización. Aunque estas medidas no eliminaron su capacidad económica, sí incrementaron el coste operativo de mantener su aparato militar y su administración paralela.

Durante los primeros meses de la campaña, el clima de optimismo fue evidente. Analistas internacionales comenzaron a hablar de la mayor ofensiva contra Al Shabaab desde el inicio de la insurgencia, mientras el Gobierno defendía que, por primera vez en mucho tiempo, el Estado estaba recuperando la iniciativa estratégica. La combinación de operaciones militares, presión financiera y movilización de los clanes parecía demostrar que era posible debilitar simultáneamente las distintas capacidades de la organización.

Sin embargo, aquellos éxitos también pusieron de manifiesto el principal desafío al que se enfrentaba Hassan Sheikh Mohamud. Recuperar el control de una localidad constituía únicamente el primer paso. El verdadero reto comenzaba una vez finalizaban las operaciones militares: consolidar la presencia del Estado, garantizar la seguridad de la población y evitar que Al Shabaab pudiera regresar aprovechando las debilidades institucionales.

Las victorias tácticas eran evidentes. Transformarlas en una ventaja estratégica duradera sería una tarea mucho más compleja.

Las limitaciones estructurales

Los avances logrados durante la primera fase de la ofensiva demostraron que Al Shabaab podía ser expulsada de numerosos enclaves mediante una combinación de presión militar, apoyo internacional y movilización de los clanes. Sin embargo, conforme la campaña avanzaba comenzaron a hacerse visibles las limitaciones estructurales que, desde hace décadas, condicionan la capacidad del Estado somalí para consolidar sus éxitos sobre el terreno.

La primera de ellas afecta al propio Ejército Nacional Somalí. Aunque sus capacidades han mejorado notablemente gracias al entrenamiento y al apoyo proporcionado por socios internacionales, continúa enfrentándose a importantes carencias en materia de logística, transporte, abastecimiento y coordinación operativa. En numerosas ocasiones, las fuerzas gubernamentales lograron recuperar localidades que, semanas o meses después, debieron abandonar por falta de efectivos o de recursos suficientes para mantener una presencia permanente. Estos vacíos fueron aprovechados por Al Shabaab para infiltrarse nuevamente, restablecer sus redes de apoyo y recuperar parte de la influencia perdida.

A estas dificultades se suma la compleja realidad política y social de Somalia. La estructura federal del país, las tensiones entre el Gobierno central y algunos estados federados, así como el peso histórico de los clanes en la vida política y económica, dificultan la aplicación de una estrategia uniforme en todo el territorio. Las milicias Macawisley desempeñaron un papel decisivo durante la ofensiva, pero su lealtad responde, en primer lugar, a los intereses de sus comunidades. Integrarlas de forma estable dentro de una estructura estatal continúa siendo uno de los grandes retos para las autoridades de Mogadiscio.

La consolidación de las zonas recuperadas también puso de manifiesto las limitaciones de la administración civil. En muchas localidades liberadas, la población esperaba la llegada de servicios básicos, fuerzas de seguridad permanentes, tribunales y una administración capaz de resolver los problemas cotidianos. Sin embargo, la escasez de recursos, la limitada presencia institucional y la lentitud de las reformas provocaron que, en numerosos casos, el Estado no lograra ocupar con suficiente rapidez el espacio dejado por la insurgencia.

Esta circunstancia resulta especialmente relevante porque Al Shabaab no compite únicamente en el terreno militar. La organización ha comprendido que la batalla decisiva también se libra en el ámbito de la gobernanza. Allí donde el Estado tarda en establecer una administración efectiva, mantiene o reconstruye sus propios mecanismos de control mediante tribunales islámicos, sistemas de recaudación fiscal y redes de seguridad e inteligencia. De este modo, la población vuelve a convivir con una autoridad paralela que, aunque basada en la coerción y el miedo, ofrece respuestas inmediatas a problemas que el Estado continúa sin resolver.

A estas limitaciones internas se añade otro factor que condiciona la evolución del conflicto: la progresiva reducción de la presencia internacional. La misión de la Unión Africana ha iniciado un proceso de transición orientado a transferir progresivamente la responsabilidad de la seguridad a las autoridades somalíes. Este cambio constituye un paso lógico hacia la soberanía nacional, pero también aumenta la presión sobre unas instituciones que todavía dependen en gran medida del apoyo exterior para mantener la estabilidad en amplias zonas del país.

Todo ello explica por qué las victorias militares obtenidas durante los primeros compases de la ofensiva no lograron traducirse en un cambio definitivo del equilibrio estratégico. Recuperar una ciudad puede requerir semanas; construir un Estado capaz de gobernarla exige años. Al Shabaab parece haber comprendido esa realidad antes que muchos de sus adversarios. Mientras esas condiciones no se consoliden, la organización seguirá encontrando oportunidades para adaptarse, reorganizarse y disputar al Estado la autoridad sobre parte del territorio somalí.

La adaptación de Al Shabaab: la evolución del modelo de Al Qaeda en África

Uno de los mayores errores cometidos por numerosos analistas durante los primeros compases de la ofensiva gubernamental fue interpretar las pérdidas territoriales de Al Shabaab como el inicio de su derrota definitiva. Sin embargo, la historia de la organización demuestra que su principal fortaleza nunca ha residido exclusivamente en el control del territorio, sino en su extraordinaria capacidad para adaptarse a las circunstancias políticas, militares y sociales de Somalia.

Lejos de responder con enfrentamientos convencionales frente a un Ejército apoyado por la comunidad internacional, Al Shabaab modificó rápidamente su estrategia. En lugar de defender cada localidad hasta las últimas consecuencias, optó por preservar a sus combatientes, dispersar sus unidades y regresar a las tácticas de guerrilla que durante años le habían permitido sobrevivir frente a adversarios militarmente superiores. Los atentados con artefactos explosivos improvisados, las emboscadas contra convoyes militares, los ataques suicidas y los asesinatos selectivos volvieron a convertirse en herramientas esenciales para desgastar a las fuerzas gubernamentales y transmitir la sensación de que el Estado era incapaz de garantizar la seguridad incluso en las zonas que afirmaba controlar.

Sin embargo, limitar esta transformación al ámbito militar sería un error. La evolución más significativa de Al Shabaab ha sido de carácter estratégico. Como rama somalí de Al Qaeda, la organización parece haber asumido plenamente un modelo que también puede observarse en otros escenarios del continente, especialmente en el Sahel. El objetivo ya no consiste únicamente en conquistar territorio mediante las armas, sino en sustituir progresivamente al Estado allí donde éste pierde capacidad para ejercer su autoridad.

Esta evolución ha llevado a Al Shabaab a consolidar una auténtica administración paralela en numerosas zonas bajo su influencia. La organización recauda impuestos, regula actividades económicas, controla rutas comerciales, administra tribunales basados en una interpretación rigorista de la sharía y se apoya en el Amniyat, su poderoso aparato de inteligencia y seguridad, para vigilar tanto a la población como a las instituciones estatales. Aunque estas estructuras descansan sobre la intimidación y la violencia, también buscan proyectar una imagen de eficacia frente a la debilidad de un Estado cuya presencia continúa siendo limitada en amplias regiones del país.

La propaganda ocupa un lugar central dentro de esta estrategia. Al igual que JNIM en el Sahel, Al Shabaab ha ido adaptando su discurso para presentarse no sólo como una organización armada, sino como una alternativa de gobierno. Sus mensajes insisten en denunciar la corrupción de las autoridades somalíes, la dependencia del apoyo extranjero y la supuesta incapacidad del Estado para garantizar seguridad y justicia. Paralelamente, la organización intenta proyectar una imagen de disciplina, eficacia administrativa y cercanía con determinadas comunidades locales, reduciendo en algunas áreas la violencia indiscriminada contra la población cuando considera que ello favorece su implantación social y su control del territorio.

Esta estrategia no implica que Al Shabaab haya renunciado al terrorismo. La organización continúa recurriendo a atentados masivos, asesinatos selectivos y campañas de intimidación cuando lo considera necesario. Sin embargo, el empleo de la violencia responde cada vez más a un cálculo estratégico destinado a preservar su influencia política, reforzar su implantación territorial y erosionar la legitimidad del Estado, evitando en determinados contextos acciones que puedan provocar un rechazo generalizado entre las comunidades cuya colaboración necesita.

En este sentido, la evolución de Al Shabaab refleja una tendencia cada vez más visible dentro de la estrategia de Al Qaeda en África. Tanto en Somalia como en el Sahel, las organizaciones afiliadas han comprendido que la consolidación de un proyecto yihadista depende menos de conquistar grandes extensiones de territorio que de ocupar los vacíos de poder dejados por Estados frágiles o ausentes. No se trata únicamente de controlar el territorio, sino de gobernarlo. Allí donde las instituciones no garantizan seguridad, justicia o servicios básicos, estos grupos intentan presentarse como una autoridad alternativa, construyendo un modelo de gobernanza insurgente que combina coerción, administración y propaganda.

Esta realidad explica por qué la derrota de Al Shabaab no puede medirse únicamente por el número de combatientes abatidos o por las localidades recuperadas por el Ejército. Mientras la organización conserve la capacidad de sustituir al Estado en determinadas regiones y de presentarse ante parte de la población como una alternativa —aunque sea impuesta mediante la intimidación—, seguirá representando una amenaza estratégica para Somalia y para el conjunto de África Oriental.

Y es precisamente aquí donde se hace visible la principal paradoja del conflicto. Mientras Al Qaeda ha aprendido las lecciones de las dos últimas décadas y ha evolucionado hacia un modelo de guerra híbrida basado en la gobernanza insurgente, buena parte de la respuesta del Estado somalí y de sus socios internacionales continúa centrada, principalmente, en derrotar militarmente a una organización que ya no combate como lo hacía a comienzos de siglo.

La dimensión política del conflicto

La evolución del conflicto somalí demuestra que la derrota de Al Shabaab no depende exclusivamente del éxito de las operaciones militares. La experiencia acumulada durante los últimos quince años confirma que las ofensivas pueden expulsar temporalmente a la organización de determinadas zonas, pero resultan insuficientes si el Estado no consigue consolidar posteriormente su autoridad mediante instituciones eficaces y una administración capaz de responder a las necesidades de la población.

En este sentido, la guerra contra Al Shabaab constituye, ante todo, una disputa por la gobernanza. Mientras el Gobierno Federal de Somalia intenta extender su presencia sobre un territorio profundamente fragmentado por décadas de conflicto, la rama somalí de Al Qaeda ha construido un sistema paralelo de control basado en la recaudación de impuestos, la administración de justicia, la seguridad local y la regulación de la actividad económica. En muchas áreas rurales, la competencia ya no se produce únicamente entre dos fuerzas armadas, sino entre dos modelos de autoridad.

Las debilidades estructurales del Estado somalí continúan favoreciendo esa situación. La compleja organización federal, las tensiones entre el Gobierno central y algunos estados federados, la influencia de los clanes, la corrupción, la escasez de recursos y la limitada capacidad administrativa dificultan la consolidación de una presencia estatal permanente. A ello se suma la dificultad para extender los servicios públicos más allá de los principales núcleos urbanos, dejando amplias zonas del país con una presencia institucional muy reducida.

Precisamente esos vacíos son los que Al Shabaab ha aprendido a explotar. Allí donde el Estado tarda en restablecer la seguridad o la administración tras una operación militar, la organización recupera parte de su influencia ofreciendo una estructura de autoridad inmediata, aunque sustentada en la intimidación y en una interpretación extremadamente rigorista de la sharía. En numerosos casos, la población no se encuentra ante una elección entre democracia y extremismo, sino entre un Estado incapaz de ejercer una presencia efectiva y una organización capaz de imponer un cierto orden, por coercitivo que éste sea.

Este aspecto constituye uno de los mayores desafíos para Hassan Sheikh Mohamud. La recuperación del territorio solo puede consolidarse si va acompañada por la llegada de jueces, policías, funcionarios, maestros, personal sanitario e infraestructuras que permitan restablecer la confianza de la población en las instituciones. Allí donde el Estado no consigue ofrecer esa respuesta, las victorias militares corren el riesgo de convertirse en éxitos efímeros.

La experiencia de Somalia ofrece además una enseñanza que trasciende sus fronteras. Las organizaciones afiliadas a Al Qaeda han comprendido que la legitimidad no siempre se obtiene mediante la adhesión ideológica de la población. Con frecuencia, basta con ocupar los vacíos de poder generados por instituciones débiles, desacreditadas o ausentes. Esta lógica, que también puede observarse en distintas regiones del Sahel, explica por qué la lucha contra el yihadismo exige combinar la acción militar con profundas reformas políticas e institucionales.

La verdadera batalla no consiste únicamente en recuperar el territorio, sino en gobernarlo de forma más eficaz que quien pretende sustituir al Estado. Mientras esa capacidad no se consolide, las victorias militares seguirán siendo, en muchos casos, temporales.

La ayuda europea: una inversión imprescindible, pero de resultados limitados

Desde hace más de quince años, la Unión Europea se ha convertido en uno de los principales socios internacionales de Somalia. Su compromiso ha ido mucho más allá de la ayuda humanitaria, financiando la reconstrucción institucional, el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad, la formación del Ejército Nacional Somalí, el apoyo a la misión de la Unión Africana y numerosos programas destinados a consolidar la gobernanza y la estabilidad del país.

En conjunto, Bruselas ha destinado miles de millones de euros a Somalia a través de distintos instrumentos financieros, con el objetivo de contribuir a la creación de un Estado capaz de garantizar la seguridad de su población y reducir progresivamente la dependencia de la asistencia militar internacional. La lógica de esta estrategia era clara: sin instituciones sólidas y unas fuerzas de seguridad eficaces, cualquier victoria sobre Al Shabaab sería necesariamente temporal.

Una parte importante de esos recursos ha permitido mantener operativas las misiones internacionales desplegadas en el país. La Unión Europea ha financiado durante años el sostenimiento de la misión de la Unión Africana, además de impulsar programas específicos de formación y asesoramiento para el Ejército Nacional Somalí a través de la Misión de Entrenamiento de la Unión Europea (EUTM Somalia). Paralelamente, también ha respaldado iniciativas dirigidas a mejorar la administración pública, reforzar el Estado de derecho, desarrollar infraestructuras básicas y fortalecer la capacidad de las instituciones federales.

Sería injusto afirmar que ese esfuerzo no ha producido resultados. Sin el respaldo financiero y técnico de la comunidad internacional, resulta difícil imaginar que Somalia hubiera podido reconstruir unas fuerzas armadas nacionales tras décadas de guerra civil o mantener el nivel de presión militar ejercido sobre Al Shabaab durante los últimos años. Del mismo modo, numerosas reformas administrativas y programas de desarrollo difícilmente habrían sido posibles sin la contribución de los socios europeos.

Sin embargo, la evolución del conflicto también pone de manifiesto las limitaciones de ese modelo de cooperación. A pesar del enorme volumen de recursos invertidos, Somalia continúa dependiendo en gran medida del apoyo exterior para sostener su seguridad, financiar parte de sus instituciones y mantener operativas determinadas capacidades militares. La consolidación de un Estado plenamente autosuficiente sigue siendo un objetivo lejano, mientras Al Shabaab conserva la capacidad de desafiar al Gobierno y de mantener una administración paralela en amplias zonas del país.

Esta realidad no implica necesariamente que la ayuda europea haya fracasado, pero sí obliga a plantear una reflexión sobre su eficacia a largo plazo. La cooperación internacional ha contribuido a evitar el deterioro de las instituciones somalíes y ha permitido fortalecer algunas de sus capacidades, pero todavía no ha logrado consolidar unas instituciones capaces de sostenerse por sí mismas sin un respaldo continuado del exterior. La diferencia entre preservar la viabilidad del Estado y convertirlo en un Estado plenamente funcional constituye, probablemente, una de las principales lecciones que deja la experiencia somalí.

La situación resulta aún más compleja si se tiene en cuenta que Al Shabaab ha sabido adaptarse precisamente a ese contexto. Mientras la comunidad internacional invertía en fortalecer las instituciones oficiales, la organización continuaba desarrollando sus propios mecanismos de financiación, administración y control territorial, demostrando que la construcción del Estado y la evolución de la insurgencia avanzaban, en muchos aspectos, a ritmos muy diferentes.

En consecuencia, el verdadero debate ya no gira únicamente en torno al volumen de recursos destinados por la Unión Europea, sino a la capacidad de esos fondos para producir resultados sostenibles. Después de años de financiación, la pregunta sigue siendo inevitable: ¿ha conseguido la comunidad internacional construir unas instituciones capaces de mantener por sí solas la seguridad del país o, por el contrario, ha logrado principalmente evitar que el Estado somalí se debilite hasta un punto crítico mientras el conflicto continúa sin una solución definitiva?

Rendición de cuentas: una exigencia para Somalia y para sus socios internacionales

La prolongada lucha contra Al Shabaab ha supuesto uno de los mayores esfuerzos políticos, militares y financieros realizados por la comunidad internacional en África. Durante más de una década, la Unión Europea, Naciones Unidas, la Unión Africana, Estados Unidos y numerosos socios bilaterales han destinado miles de millones de euros al fortalecimiento del Estado somalí, convencidos de que unas instituciones sólidas y unas fuerzas de seguridad eficaces constituían la mejor garantía para derrotar a la insurgencia y estabilizar el país.

Ese compromiso ha permitido preservar la viabilidad del Estado somalí y dotar al Gobierno Federal de unas capacidades que difícilmente habría podido desarrollar por sí solo. Sin embargo, la persistencia de Al Shabaab y la dependencia continuada del apoyo exterior plantean una cuestión que resulta inevitable en cualquier política pública de gran envergadura: ¿han producido los resultados esperados los recursos invertidos?

La rendición de cuentas no debe entenderse como un ejercicio de búsqueda de culpables, sino como un principio básico de buena gobernanza. Cuando durante años se destinan miles de millones de euros procedentes de los contribuyentes europeos para formar ejércitos, financiar misiones internacionales y reforzar instituciones estatales, resulta legítimo exigir una evaluación rigurosa sobre la eficacia de esas inversiones, los objetivos realmente alcanzados y las lecciones que deben extraerse para el futuro.

Esa evaluación debe involucrar tanto a las autoridades somalíes como a sus socios internacionales. El Gobierno Federal tiene la responsabilidad de garantizar que los recursos destinados a la seguridad, la administración pública y el desarrollo se gestionen con criterios de transparencia, eficiencia y lucha contra la corrupción. Del mismo modo, los países y organizaciones donantes deben demostrar que los mecanismos de supervisión y control del gasto permiten verificar que la ayuda llega a su destino y produce resultados medibles sobre el terreno.

La cuestión de la transparencia adquiere una importancia aún mayor en un contexto en el que buena parte de la financiación internacional se canaliza a través de múltiples programas, organismos y fondos de cooperación. Esa complejidad administrativa dificulta en ocasiones que la ciudadanía —tanto en Somalia como en los países donantes— pueda conocer con claridad cómo se distribuyen los recursos, qué proyectos obtienen mejores resultados y cuáles requieren una revisión profunda.

La reciente controversia en torno a la información facilitada por la delegación de la Unión Europea en Somalia sobre la gestión de determinados programas de ayuda ha vuelto a poner de manifiesto la importancia de reforzar los mecanismos de transparencia y supervisión. Más allá del caso concreto, el episodio refleja una realidad más amplia: cuanto mayor es el volumen de recursos públicos comprometidos en escenarios de conflicto, mayor debe ser también el nivel de control, evaluación y rendición de cuentas exigido a todas las partes implicadas.

En última instancia, el verdadero debate no consiste únicamente en determinar cuánto dinero se ha invertido, sino en comprobar si esa inversión ha permitido construir unas fuerzas de seguridad sostenibles y unas instituciones capaces de asumir progresivamente la responsabilidad de proteger a la población sin depender indefinidamente del respaldo internacional. Si, después de años de financiación, el Estado continúa necesitando un apoyo exterior masivo para contener a Al Shabaab, resulta legítimo preguntarse qué aspectos de la estrategia han funcionado, cuáles no y qué cambios son necesarios para evitar que la cooperación internacional se convierta en un esfuerzo permanente sin una perspectiva clara de autonomía.

La experiencia de Somalia demuestra que la ayuda internacional puede contener una crisis y preservar la viabilidad del Estado, pero no sustituir indefinidamente la responsabilidad de construir instituciones eficaces, legítimas y capaces de gobernar y garantizar la seguridad de su población por sí mismas. Precisamente por ello, la rendición de cuentas no debe contemplarse como una crítica al apoyo internacional, sino como una condición indispensable para garantizar que cada euro invertido contribuya realmente a la estabilidad del país y a la seguridad de sus ciudadanos.

La nueva dimensión regional: hutíes, Irán, Sudán y el corredor hacia África

Durante años, el conflicto somalí fue considerado una crisis esencialmente interna, limitada al enfrentamiento entre el Estado y Al Shabaab. Sin embargo, la evolución de la situación en el mar Rojo y el creciente protagonismo de actores regionales han transformado progresivamente ese escenario. Hoy resulta cada vez más difícil entender la guerra en Somalia sin analizar sus conexiones con Yemen, Irán, Sudán y las rutas de tráfico que atraviesan el Cuerno de África.

Uno de los fenómenos que más preocupa a los servicios de inteligencia internacionales es el progresivo acercamiento entre Al Shabaab y el movimiento hutí de Yemen. Aunque ambas organizaciones mantienen profundas diferencias ideológicas —los hutíes pertenecen al islam chií zaidí, mientras que Al Shabaab forma parte de la red suní de Al Qaeda—, diversos informes apuntan a una cooperación de carácter eminentemente pragmático basada en intereses compartidos más que en afinidades doctrinales.

La inestabilidad del mar Rojo y del golfo de Adén ha favorecido el desarrollo de redes de contrabando cada vez más sofisticadas. Estas rutas marítimas, utilizadas desde hace décadas para el tráfico de armas, personas y mercancías ilícitas, han adquirido una nueva relevancia estratégica desde el estallido del conflicto regional vinculado a los ataques hutíes contra la navegación comercial. En este contexto, Somalia se ha convertido en un punto de especial interés para las redes logísticas que operan entre la península arábiga y el continente africano.

Diversos informes de Naciones Unidas han señalado indicios de intercambios entre los hutíes y Al Shabaab relacionados con el suministro de armamento, entrenamiento y asistencia técnica. Para los hutíes, fortalecer determinados actores armados en la costa africana puede contribuir a ampliar su capacidad de influencia sobre uno de los corredores marítimos más importantes del mundo. Para Al Shabaab, el acceso a nuevas fuentes de armamento, tecnología y conocimientos militares representa una oportunidad para reforzar sus capacidades operativas frente al Estado somalí.

En este entramado geopolítico, Irán aparece como un actor de fondo cuya influencia regional resulta ineludible. El apoyo que Teherán presta a los hutíes ha convertido a Yemen en una pieza central de su estrategia en el mar Rojo. Sin que ello implique una relación directa demostrada entre Irán y Al Shabaab, la cooperación operativa entre los hutíes y la organización somalí puede generar espacios de convergencia indirecta que incrementen la complejidad del escenario de seguridad en toda la región.

A este panorama se suma el papel de Sudán. La guerra que enfrenta al Ejército sudanés y las Fuerzas de Apoyo Rápido ha debilitado los mecanismos de control sobre amplias zonas del país, favoreciendo la proliferación de redes de tráfico ilícito que conectan el mar Rojo con el interior del continente. La fragmentación del Estado sudanés ha convertido parte de su territorio en un espacio especialmente vulnerable para el tránsito de armas y mercancías destinadas a distintos conflictos africanos, reforzando la importancia de un corredor que enlaza la península arábiga con el Cuerno de África y, desde allí, con África Oriental y el Sahel.

Ese corredor puede entenderse como una cadena geoestratégica en la que confluyen intereses y redes de distinta naturaleza: Irán como principal respaldo de los hutíes; los hutíes como actor dominante en buena parte de la costa occidental de Yemen; el golfo de Adén como espacio de conexión marítima; Somalia como punto de recepción y redistribución; Sudán como territorio de tránsito hacia el interior del continente; y, finalmente, África Oriental y el Sahel, donde organizaciones vinculadas a Al Qaeda, como JNIM, continúan ampliando su presencia. Aunque cada uno de estos escenarios responde a dinámicas propias, la creciente interconexión entre ellos constituye uno de los principales desafíos para la seguridad africana.

La importancia de esta evolución trasciende el ámbito estrictamente militar. Si Somalia deja de ser únicamente un escenario de insurgencia para convertirse en un nodo dentro de una red regional de tráfico de armas, financiación y cooperación entre actores armados, el conflicto adquirirá una dimensión completamente distinta. En ese caso, la estabilidad del país dejará de depender exclusivamente de la capacidad del Gobierno para derrotar a Al Shabaab y pasará a estar condicionada por una competencia geopolítica mucho más amplia que afecta al mar Rojo, al Cuerno de África y al conjunto del continente.

En consecuencia, la lucha contra Al Shabaab ya no puede entenderse únicamente como una cuestión de seguridad nacional somalí. Forma parte de un escenario regional en el que convergen organizaciones yihadistas, conflictos interestatales, redes de contrabando y rivalidades estratégicas que se extienden desde Oriente Medio hasta el Sahel. Esta evolución confirma que Al Shabaab ya no actúa únicamente como una insurgencia nacional, sino como una rama de Al Qaeda integrada en un entorno regional cada vez más interconectado, donde las alianzas pragmáticas, las rutas de tráfico y la competencia geopolítica multiplican su capacidad de adaptación y proyección.

10. Balance final

A más de cuatro años del inicio de su segundo mandato, el balance de la gestión de Hassan Sheikh Mohamud frente a Al Shabaab presenta claroscuros que impiden realizar una valoración simplista. Sería injusto afirmar que su estrategia ha fracasado, del mismo modo que resultaría precipitado sostener que Somalia se encuentra hoy más cerca de una victoria definitiva sobre la insurgencia.

El presidente logró romper la dinámica de estancamiento que había caracterizado buena parte de los años anteriores. La movilización de las milicias Macawisley, la mejora de la coordinación con el Ejército Nacional Somalí, el respaldo de los socios internacionales y la ofensiva contra las fuentes de financiación de Al Shabaab permitieron recuperar la iniciativa militar y expulsar a la organización de numerosos enclaves estratégicos. Estos avances demostraron que Al Shabaab no era una fuerza militar invencible y que el Estado somalí conservaba capacidad para disputar el control del territorio.

Sin embargo, la campaña también puso de manifiesto que las victorias militares, por sí solas, no bastan para modificar el equilibrio estratégico del conflicto. Allí donde el Estado no consiguió consolidar rápidamente su presencia mediante instituciones eficaces, fuerzas de seguridad permanentes y servicios públicos básicos, la organización encontró nuevas oportunidades para reorganizarse y recuperar parte de la influencia perdida. Como ha ocurrido en otras insurgencias contemporáneas, expulsar a un grupo armado del territorio constituye únicamente el inicio de un proceso mucho más complejo: impedir su regreso.

En paralelo, Al Shabaab confirmó una extraordinaria capacidad de adaptación. Lejos de quedar debilitada de forma irreversible, la organización modificó su estrategia, redujo su exposición militar, reforzó sus redes clandestinas y profundizó en un modelo de gobernanza insurgente que busca competir con el Estado por la legitimidad de la población. Ese proceso refleja, además, una evolución más amplia de Al Qaeda en África, cuyas organizaciones afiliadas parecen priorizar cada vez más la construcción de estructuras administrativas y de control social frente a la ocupación permanente del territorio mediante la fuerza.

El esfuerzo de la comunidad internacional constituye otro de los grandes elementos de este balance. La ayuda financiera y militar proporcionada por la Unión Europea, Estados Unidos, Naciones Unidas y la Unión Africana ha sido determinante para preservar la viabilidad del Estado somalí y fortalecer sus capacidades de defensa. Sin embargo, la persistente dependencia del apoyo exterior plantea interrogantes legítimos sobre la sostenibilidad del modelo construido durante los últimos años y sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de evaluación, transparencia y rendición de cuentas asociados a esa cooperación.

Al mismo tiempo, la creciente dimensión regional del conflicto obliga a ampliar el foco de análisis. El progresivo acercamiento entre Al Shabaab y los hutíes, el papel de las rutas de tráfico que atraviesan el mar Rojo y Sudán, así como la expansión de organizaciones vinculadas a Al Qaeda en el Sahel, evidencian que Somalia forma parte de un escenario geopolítico mucho más amplio. La estabilidad del país ya no depende únicamente de sus dinámicas internas, sino también de la evolución de un entorno regional cada vez más interconectado.

En consecuencia, el verdadero legado de Hassan Sheikh Mohamud no podrá medirse únicamente por el número de operaciones militares realizadas o por las localidades recuperadas durante su mandato. Su éxito dependerá, sobre todo, de la capacidad del Estado somalí para transformar esos avances tácticos en instituciones permanentes, capaces de garantizar seguridad, justicia y oportunidades económicas allí donde durante años solo existieron la violencia y la ausencia del Estado.

La principal lección estratégica que deja este conflicto trasciende incluso el caso somalí. Al Qaeda ha demostrado una notable capacidad para evolucionar, adaptando sus métodos de actuación a las nuevas realidades políticas y sociales del continente africano. Mientras tanto, buena parte de la respuesta estatal e internacional continúa basándose, en esencia, en estrategias concebidas para combatir el yihadismo de principios de siglo.

En última instancia, la presidencia de Hassan Sheikh Mohamud deja una enseñanza de gran relevancia para el conjunto del continente africano: las organizaciones vinculadas a Al Qaeda pueden ser golpeadas militarmente e incluso perder parte de su control territorial, pero mientras conserven la capacidad de sustituir al Estado en determinadas regiones, seguirán representando una amenaza estratégica. La verdadera victoria no llegará cuando Al Shabaab pierda una batalla, sino cuando Al Qaeda deje de encontrar en los Estados débiles el entorno idóneo para implantar su modelo de gobernanza insurgente.

11. Conclusión

La guerra contra Al Shabaab ha dejado de ser un conflicto exclusivamente somalí. Lo que sucede hoy en Somalia constituye un reflejo de la evolución del yihadismo en África y, especialmente, de la estrategia desarrollada por Al Qaeda para consolidar su presencia en el continente. La organización ha comprendido que la conquista del poder no depende únicamente de la capacidad para infligir derrotas militares, sino de la habilidad para ocupar los vacíos que dejan los Estados frágiles y presentarse como una alternativa allí donde las instituciones han perdido la confianza de la población.

En ese contexto, la gestión de Hassan Sheikh Mohamud representa un punto de inflexión. Su Gobierno consiguió recuperar la iniciativa militar, impulsar la mayor ofensiva contra Al Shabaab de los últimos años y demostrar que la organización puede sufrir importantes reveses operativos. Sin embargo, la experiencia también confirma que las victorias tácticas resultan insuficientes cuando no van acompañadas de una consolidación efectiva del Estado, de reformas institucionales profundas y de una administración capaz de responder a las necesidades de los ciudadanos.

La adaptación de Al Shabaab constituye, probablemente, la principal lección estratégica del conflicto. Siguiendo una lógica similar a la observada en otras ramas de Al Qaeda, como JNIM en el Sahel, la organización ha evolucionado desde un modelo centrado en la insurgencia armada hacia otro que combina violencia selectiva, propaganda, gobernanza y control económico. Su objetivo ya no es únicamente derrotar al Estado, sino sustituirlo allí donde éste deja de ejercer sus funciones.

Esta transformación debería obligar a replantear la estrategia de la comunidad internacional. La experiencia somalí demuestra que entrenar ejércitos, financiar operaciones militares o recuperar ciudades constituye únicamente una parte de la solución. La estabilidad duradera exige instituciones legítimas, transparencia en la gestión de los recursos públicos, desarrollo económico, servicios básicos y una administración capaz de competir con las estructuras paralelas creadas por las organizaciones yihadistas. En ausencia de esos elementos, las victorias militares corren el riesgo de convertirse en éxitos temporales.

Al mismo tiempo, la creciente conexión entre Somalia, Yemen, Irán, Sudán y el Sahel confirma que el continente africano ya no puede analizarse mediante conflictos aislados. Las rutas de tráfico ilícito, las alianzas de conveniencia entre actores armados y la expansión de las organizaciones vinculadas a Al Qaeda configuran un espacio estratégico cada vez más interdependiente, donde la inestabilidad en un país puede reforzar las amenazas en otro situado a miles de kilómetros.

La Unión Europea también debe extraer sus propias conclusiones. El apoyo prestado a Somalia ha sido esencial para preservar la viabilidad del Estado somalí y fortalecer sus capacidades, pero la magnitud de los recursos invertidos exige una evaluación permanente de su eficacia. La cooperación internacional no puede medirse únicamente por el dinero desembolsado, sino por su capacidad para generar instituciones sostenibles, reducir la dependencia exterior y ofrecer a la población una alternativa real frente al extremismo.

En definitiva, el futuro de Somalia no dependerá exclusivamente de la capacidad del Ejército para derrotar a Al Shabaab, sino de la habilidad del Estado para ganar la batalla por la legitimidad. Si los ciudadanos perciben que las instituciones ofrecen seguridad, justicia, oportunidades y un horizonte de estabilidad, la narrativa de Al Qaeda perderá parte de su capacidad de atracción. Pero si el Estado continúa siendo incapaz de ocupar los espacios que recupera militarmente, la organización seguirá encontrando las condiciones necesarias para adaptarse, reorganizarse y perpetuar un conflicto que ya trasciende las fronteras somalíes.

La verdadera pregunta ya no es si Al Shabaab puede ser derrotada militarmente. La cuestión es si el Estado somalí y sus aliados serán capaces de evolucionar tan rápido como lo ha hecho Al Qaeda. Porque, mientras la organización ha aprendido las lecciones de los últimos veinte años y ha transformado profundamente su forma de hacer la guerra, buena parte de la respuesta internacional continúa anclada en estrategias concebidas para combatir al yihadismo de principios de siglo.

Nota metodológica: Este análisis se basa en información procedente de organismos internacionales, informes de Naciones Unidas, la Unión Europea, centros especializados en seguridad y estudios académicos sobre la evolución de Al Shabaab y de Al Qaeda en África.